El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el anteproyecto de ley del mercado de valores y los servicios de inversión. Entre otras muchas modificaciones, amplía el mandato en la presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de cuatro a seis años, pero elimina la posibilidad de renovar en el cargo.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital han explicado a este periódico que esto implica que Rodrigo Buenaventura, actual presidente del regulador nacional, podrá ampliar su cargo dos años. Es decir, no terminará en 2024, sino en 2026. Sin embargo, no podrá renovar su mandato.
Según el texto de la disposición transitoria segunda que establece la medida, las personas que, a la entrada en vigor de la ley, ejerzan la titularidad de la presidencia, vicepresidencia y consejerías del Consejo de la CNMV, y se encuentren en su primer período de mandato, podrán ser renovados al término de sus mandatos una única vez.
Adaptación
El periodo total, incluyendo el tiempo transcurrido con antelación a la entrada en vigor de la norma, no podrá exceder del plazo de seis años previstos. El objetivo del cambio es promover la independencia del regulador bursátil y desligar los nombramientos del ciclo legislativo.
De esta manera, tanto el actual presidente de la CNMV como la vicepresidenta, Montserrat Martínez Parera, que accedieron al cargo en diciembre de 2020, podrán renovar una vez acabe su mandato de cuatro años, pero solo hasta completar los seis años establecidos ahora, es decir, dos años más.
La reforma de la ley del mercado de valores incluye un proyecto de ley y tres reales decretos de desarrollo, lo que permitirá al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital contar con cierta agilidad para incorporar futuras transposiciones y adaptaciones de la normativa en función de la evolución de la regulación en Europa.
Uno de los elementos destacables de la nueva ley es la actualización y homologación del régimen de renovación del presidente y del vicepresidente de la CNMV, que hasta ahora asumían un mandato de cuatro años que podía ser renovado una vez más, por lo que los elegidos podían mantenerse en el cargo hasta un máximo de ocho años.
Otros organismos
Ahora, se establece que los nombramientos del presidente y vicepresidente de la CNMV tendrán una duración de seis años no renovables, homologando el régimen al de las principales instituciones europeas y domésticas, como el Banco de España.
La norma aprobada era una petición que ya hizo el propio Buenaventura. En una intervención ante el Congreso en 2021, el presidente de la CNMV consideró que "los mandatos que duren más de una legislatura (por ejemplo, cinco o seis años) y sin posibilidad de renovación, contribuyen a reforzar la independencia real de quien los ejerce".
Puso como ejemplo a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) cuyo mandato es de cinco años, renovables una sola vez, y al Mecanismo Único de Supervisión (MUS), cuyos mandatos tienen la misma duración, pero no son renovables.
Ya en 2020, la consultora Oliver Wyman consideró que sería beneficioso para la CNMV que el nombramiento de los miembros de su consejo se escalonara y que la duración de sus mandatos se ampliara de cuatro a seis años.
Sobre los próximos nombramientos, fuentes de Economía han apuntado que "se agotarán los mandatos vigentes y, a partir de la entrada en vigor de la ley, cada vez que toque hacer un nombramiento se hará aplicando la nueva normativa".
Por otro lado, la norma pretende mejorar la gobernanza e independencia de la CNMV mediante la eliminación de los recursos de alzada al Ministerio de Asuntos Económicos para las sanciones graves que imponga el regulador.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que uno de los objetivos de la reforma de la ley del mercado de valores de 2015 consiste en mejorar la competitividad y eficiencia de los mercados de valores en España.
El texto se remite ahora al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.