La CNMV ha vuelto a aclarar este martes a la familia Martínez Sampedro que no se han encontrado indicios de concertación ni de situaciones que generasen obligatoriedad de opa por parte de los actuales dueños de la compañía liderados por  Silverpoint (que aglutinan el 21% del capital).

El lunes los fundadores de Codere solicitaron introducir un nuevo punto en el orden del día de la junta de accionistas que se celebra el próximo 11 de mayo y que los partícipes en la toma de control de Codere cumplan la Ley del Mercado de Valores española.

Para ello, pidieron que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abra expediente contra los fondos para obligarles a presentar una opa forzosa por 9,58 euros por título en beneficio de la totalidad de los accionistas de la compañía, lo que supone un montante total de alrededor de 900 millones de euros.

Según los fundadores de Codere, el precio equitativo por acción reclamado es el orientativo que se ha fijado en función del cierre del 12 de enero de 2018, fecha en la que se materializó la toma de control de la compañía.

También han solicitado a la CNMV que paralice los expedientes de denuncia que se presentaron, "sin conocer la existencia y consecuencias de la conspiración civil", hasta que se resuelva el expediente de la opa forzosa.

Respuesta de la CNMV

La nueva demanda se basa en el artículo 40 del Reglamento de Régimen Interior de la CNMV y de la Ley del Procedimiento Administrativo, así como por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés), que prohíbe de forma explícita las maniobras de accionistas y consejeros que impliquen una colusión de intereses ajenos a los del resto de accionistas.

Frente a esa petición, la CNMV ha recordado este martes que en febrero de 2019 se interpuso una denuncia ante la CNMV por los mencionados accionistas a la que siguieron 7 escritos complementarios, entre julio de 2019 y octubre de 2020.

Han advertido que tras un análisis detallado de toda la documentación presentada la CNMV no encontró indicios de concertación ni de situaciones que generasen obligatoriedad de opa, lo que dio lugar al archivo provisional de las actuaciones en noviembre de 2020, lo que fue debidamente notificado a los denunciantes.

Señalaron además que en enero de 2021 "se recibió en la CNMV un escrito contra el archivo de dicha denuncia sobre los mismos hechos, que es al que se refieren las informaciones de prensa arriba mencionadas".