Los tribunales franceses bloquean la opa hostil de Veolia por Suez

El Tribunal de Comercio de Nanterre (Francia) ha instado a la compañía francesa Veolia a paralizar su oferta pública de adquisición (opa) sobre su rival Suez, anunciada este domingo por la multinacional de tratamiento de aguas y residuos, que valoraba a su competidora en 11.300 millones de euros, al fijar un precio de 18 euros por acción, pero que se ha encontrado con el rechazo del Gobierno por su posible impacto sobre la competencia y el empleo.

"El Tribunal de Comercio de Nanterre ha prohibido a Veolia presentar su oferta pública hostil, anunciada el 7 de febrero, tras el intento de Veolia de infringir su compromiso amistoso", ha señalado Suez en un comunicado tras conocer la decisión del Tribunal.

Veolia, principal accionista de Suez tras comprar el pasado otoño un 29,9% de la compañía en poder de Engie a un precio de 18 euros por acción, anunció este domingo su intención de registrar una oferta de compra sobre el capital de la empresa que no controla al mismo precio abonado en octubre, lo que valoraría a Suez en unos 11.300 millones de euros.

Sin acuerdo en el Consejo 

En este sentido, la firma dirigida por Antoine Frérot expresó su intención de crear un "campeón francés" a nivel mundial en el negocio de transformación ecológica, asegurando que la propuesta viene acompañada de todas las garantías respecto del mantenimiento del empleo y las prestaciones sociales en Francia.

La multinacional justificó su intención de lanzar esta opa sin el apoyo del consejo de Suez por la falta de voluntad de discutir la propuesta por parte de la dirección de Suez y su intención de apoyar un proyecto en competencia con el liderado por Veolia.

Oferta anterior

De hecho, el pasado 18 de enero los fondos Ardian y Global Infrastructure Partners (GIP) trasladaban a Suez mediante una carta de intenciones su disposición de lanzar una oferta de compra que valoraría a la empresa en unos 11.300 millones de euros al fijar un precio de 18 euros por acción, el mismo ofrecido por Veolia en su interés por adquirir el 70,1% que aún no controla en su rival, lo que permitiría una "solución amistosa", según señaló entonces Suez.

Sin embargo, esta alternativa fue rechazada por Veolia, que señaló que su 29,9% en Suez "no está ni estará a la venta", puesto que esta participación constituye el primer paso en la "inevitable construcción, bajo control francés, del campeón mundial de transformación ecológica" y no constituye un elemento de estrategia financiera, añadiendo que consideraría "hostil" cualquier proyecto que implique directa o indirectamente la venta por parte de Veolia de su participación en Suez u otras transmisiones que distorsionen el proyecto industrial que el grupo está llevando a cabo.

Oposición del Gobierno francés

De su lado, el Gobierno francés, que ya en octubre expresó sus reservas ante la compra de Suez por Veolia sin un acuerdo amistoso entre las compañías, ha cargado con dureza este lunes contra la transacción planteada por Veolia, a la que ha calificado de "no amistosa", expresando su deseo de que las empresas retomen las conversaciones para una solución compartida.

En declaraciones a la emisora Europe1, el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, ha afirmado que esta oferta "no es amistosa y contraviene los compromisos que ha asumido en varias ocasiones Veolia, además de plantear cuestiones de transparencia".

"¿Por qué de repente se hizo esta oferta?", se ha preguntado el ministro, reclamando la intervención de la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) y añadiendo que la opa de Veolia "puede plantear problemas de competencia y es claramente apresurada".

Asimismo, Le Maire ha defendido que una operación de este calado "entre dos campeones industriales franceses" solo puede salir adelante "si es amistosa", añadiendo que no puede tener éxito en contra de los trabajadores de Suez, de la directiva de la empresa, de los clientes y los usuarios.

"El capitalismo francés no puede ser una guerra de todos contra todos", ha subrayado el ministro galo, para quien todas las partes deben ser razonables y tener una idea del interés general, ya que se trata de miles de puestos de trabajo.