El decreto ley que regula esta oferta de empleo público ha sido convalidado con 347 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, en tanto que ha sido rechazada su tramitación como proyecto de ley por 259 votos en contra frente a 90 a favor.

Durante el debate la diputada del PSOE María Jesús Serrano ha dicho que estas plazas no resuelven el "déficit alarmante" de personal y ha recordado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que tiene el récord de haber sacado la oferta de empleo público más baja en 2012 con 2.922 plazas.

Asimismo, ha criticado que durante la reciente tramitación de los presupuestos de 2017 el Gobierno no haya aceptado ninguna enmienda para reforzar las plantillas públicas y que semanas después pretenda aprobarlo "con las prisas" de un decreto ley.

La diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Auxiliadora Honorato ha indicado que una vez que se ha traspasado "el límite sacrosanto" de la tasa de reposición para el Estado habría que hacerlo también con el resto de administraciones, al tiempo que ha abogado por recuperar no solo las plantillas sino también los derechos económicos perdidos por los empleados públicos.

El diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre ha dicho al ministro de Hacienda que no es posible obtener los mismos resultados en la lucha contra el fraude fiscal que países como Alemania si en España se siguen destinando menos recursos al personal que se dedica a esta tarea.

La diputada de Esquerra Republicana Teresa Jordá ha preguntado a Montoro si había sido el Tribunal Constitucional el que le había llevado a "entrar en razón" y reforzar la plantilla de la Agencia Tributaria "tras amnistiar a los grandes defraudadores de este país".

El diputado del PNV Benito Barandiaran ha considerado la oferta de empleo tardía, aunque necesaria, y ha reclamado que los refuerzos lleguen a todos los niveles de la administración, mientras que el diputado del PDeCAT Ferran Bel ha dicho que la oferta es razonable pero que no corrige el déficit de personal de algunos servicios del Estado en Cataluña.