En pleno terremoto bursátil también hay quien sale reforzado. Eso es precisamente lo que le ha pasado a Bankia, al sector eléctrico o a las Socimis, un tipo de sociedad inmobiliaria que goza de ventajas fiscales y que podía haber sufrido en caso de que un gobierno de izquierda hubiera puesto patas arriba su regulación.

Todas ellas han aprovechado mejor que el resto el respiro bursátil de este martes, tras la debacle que vivieron los parqués con el referéndum a favor del ‘brexit’.

En el caso de Bankia, la entidad financiera sufrió el desplome generalizado del viernes con una caída de más del 20%. Sin embargo, el lunes recuperó un 6,8% y este martes otro 8,2% y se convirtió, de paso, en el valor del Ibex más alcista de la última sesión.

¿Por qué se despejan los nubarrones sobre Bankia? Porque el siguiente Gobierno va a tener que decidir qué pasa con la entidad financiera presidida por Ignacio Goirigolzarri. Es el que va a tener sobre la mesa la papeleta de acordar si se privatiza o si, antes, se toma la decisión de unir su destino al de BMN. Y a los mercados no parece desagradarles su futuro.

Sobre la mesa, la privatización de Bankia tiene que llegar en 2017, ese es el año tope para decidir qué hacer con ella. En 2012, el Ejecutivo se marcó por ley un plazo de cinco años para privatizar las entidades financieras en las que se inyectó dinero público. En el caso de Bankia, más de 22.000 millones de euros. Y ese plazo empieza a llegar a su fin, aunque podría plantearse una prórroga.

Bruselas, sin embargo, ya ha marcado la hoja de ruta a seguir. La idea de fusionar ambas entidades no gusta en la capital comunitaria. Tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europea (BCE) abogan por concluir la reestructuración de Bankia y BMN, olvidar la idea de fusionarlas y privatizar ambas para recuperar los fondos.

¿Corren peligro las Socimis?

La victoria del PP, a la espera de los pactos de gobierno, también parece dar tranquilidad al nuevo sector del ladrillo. Se trata de las Socimis, acrónimo de Sociedades Cotizadas en Inversión Inmobiliaria con una regulación aún joven (sólo cuatro años) que podía replantearse en caso de un gobierno de izquierdas, hasta poner en entredicho su futuro.

La mayor Socimi, Merlin, que acaba de cerrar la compra de Metrovacesa, acumula dos subidas consecutivas del 5,8% y un 4,2% entre lunes y martes. Mientras, Hispania rebaja esos rebotes desde la tormenta del viernes hasta algo más del 2% en cada una de las dos jornadas de esta semana. La tercera con mayor capitalización Axiare rebotó este martes más de un 5% tras dos jornadas seguidas en números rojos.

La bandera británica y de la Unión Europea ante el Big Ben Neil Hall Reuters

¿Qué son las Socimis? Se trata de un vehículo de inversión, para promover las inversiones en ladrillo a gran escala. Su principal ventaja es su fiscalidad, porque no tributan por Impuesto de Sociedades. Si lo hacen indirectamente cuando reparten su beneficio en forma de dividendo entre sus accionistas. Además, sus activos deben mantenerse en arrendamiento durante, al menos, tres años seguidos.

El Gobierno de Rajoy las reguló en 2012, después de un intento fallido por crearlas en 2009. Básicamente, copió una figura que ya existía en otros países vecinos, como en Francia, donde se denominan Real Estate Investment Trust (REIT) y son la base de su sector inmobiliario. Su capital mínimo debe ser de cinco millones de euros y se les ‘obliga’ a repartir el 80% de su beneficio procedente del alquiler como dividendo, así como el 50% de lo que obtengan por la venta de activos.

Las eléctricas, en verde

Otras dos empresas que presumen de dos jornadas seguidas en verde son las eléctricas Endesa e Iberdrola. Gas Natural Fenosa, sin embargo, si cerró en rojo el lunes. Este martes, las tres empresas rebotaron más de un 3%.

Están, previsiblemente, ante un escenario de continuidad en la regulación, a pesar de que hace sólo unos días la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) instó a que se lleve a cabo un alza del precio de la luz. En concreto, aseguró que el margen mínimo de comercialización de la electricidad debería ser de 5,24 euros por kilovatio contratado y año en el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), frente a los 4 euros establecidos en la normativa vigente, lo que supondría para una familia media una subida de 5 euros al año.

¿Qué hubiera pasado en un hipotético gobierno en el que estuviera Unidos Podemos? La coalición abogaba en su programa electoral por un Plan nacional de transición energética (PNTE) que, entre otras medidas, suponía una auditoría de la deuda acumulada por el déficit de tarifa y otra sobre los costes de todo el sistema. “Se reclamará ante la Justicia la cantidad cobrada en exceso por las eléctricas en concepto de Costes de Transición a la Competencia”, lo que podría haber supuesto un golpe a los balances de las eléctricas.