Moncloa se prepara ya para la renovación del Consejo de RTVE tras poner de presidente de EFE a Miguel Ángel Oliver

Un proceso que no será sencillo. Requiere un gran acuerdo entre en el Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP), ya que es necesaria una mayoría de dos tercios en el Congreso para sacar adelante los nombramientos. No sólo eso, es que técnicamente el consejo de RTVE debe reflejar la representación de las dos cámaras, por lo que es muy probable que se abra una 'guerra' por quién debe ostentar más sillas en el consejo. 

Oficialmente no ha habido contactos entre el Gobierno y el Partido Popular, pero en el seno del consejo de RTVE se da por sentado que en los próximos días comenzarán los movimientos. De hecho, no descartan que, como ya ocurriera en 2021, el proceso de negociación vaya de la mano de las conversaciones para cerrar un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

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En aquel entonces, Esteban González Pons y Félix Bolaños lograron cerrar un pacto al que se sumaron Podemos y el PNV. Sin embargo, en esta legislatura, las alianzas del PSOE podrían obligar a que el reparto se abra a más formaciones políticas. Algo que, como ha contado este diario, no se vería con malos ojos para lograr así una mayor presencia territorial en las decisiones de la Corporación pública. 

Actualmente, existe un empate técnico ya que en el consejo de RTVE está vacante la plaza del expresidente José Manuel Pérez Tornero que, en su momento, fue propuesto por el PSOE. Así, los socialistas cuentan con la presidenta interina, Elena Sánchez, y los consejeros Concepción Cascajosa y Ramón Colom. Los populares tienen tres consejeros: Carmen Sastre, Jenaro Castro y Consuelo Aparicio. Podemos cuenta con dos: Roberto Lakidain y José Manuel Martín Medem. Y, por último, el PNV propuso a Juan José Baños.

En marzo, llegan a término de mandato los tres consejeros del PP (Sastre, Castro y Aparicio); Ramón Colom, del PSOE; y Juan José Baños, del PNV. Así, la batalla está servida, dado que en el seno del consejo de administración se da por hecho que el PP va a exigir mantener su cuota actual de tres y 'ocupar' el de Tornero. Algo a lo que, casi con toda seguridad, no cederán los socialistas. 

A todo ello hay que sumarle las posibles exigencias que vengan de la mano de los socios del Gobierno. No es descartable que, además del PNV, otros grupos como Bildu, ERC o Junts pudieran exigir su espacio en el consejo de la televisión pública. Unas reclamaciones que serían complejas de atender. 

El papel de Podemos

Por si fuera poco, habrá que esperar al papel que quiera jugar Sumar en todo esto. Lakidain y Martín Medem fueron propuestos por Podemos y, tras la integración en la coalición de Yolanda Díaz, ambos consejeros fueron 'informados' de que pasaban a depender de Sumar. 

Sin embargo, y una vez confirmado el divorcio de los morados respecto a Sumar, está por ver si en Podemos deciden emplear el 'comodín' de haber sido ellos quienes eligieron a ambos y, por tanto, reclaman también su 'pertenencia' para no quedar fuera de una de las grandes instituciones de este país. 

La otra cuestión será la de negociar la presidencia de Radio Televisión Española. Aunque la decisión última recae en el consejo, la postura del Gobierno influye mucho en ella.

Y es que tanto los consejeros como los dos grandes partidos coinciden en que la situación de Elena Sánchez es insostenible. Su interinidad mantiene bloqueadas decisiones vitales para el futuro de RTVE. Por tanto, consideran que ha llegado el momento de poner solución a un problema que se arrastra desde septiembre de 2022. 

Sánchez y el consejo

Además, en las últimas semanas el enfrentamiento entre Elena Sánchez y sus consejeros es cada vez mayor. Existen quejas por la falta de transparencia de la presidenta, a la que acusan de actuar de forma unilateral. Algo de lo que son conscientes en Moncloa, y que se busca solucionar durante el primer trimestre de 2024. 

Máxime ahora que el Gobierno tiene una exigua mayoría en el Congreso, con una legislatura en la que habrá que explicar la amnistía pactada con Junts y ERC, y en la que cada proyecto de ley requerirá negociar prácticamente cada voto.