Lo que tenía que haber sido una mera transposición de la legislación europea al ordenamiento jurídico español ha terminado siendo un calvario para el Gobierno. La Ley General de Comunicación Audiovisual ha sido aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados gracias a la abstención del Partido Popular. Pero también ha supuesto un nuevo motivo de división entre el PSOE y sus socios de coalición, Unidas Podemos (que se ha abstenido), y parlamentarios, como ERC y Bildu (que han votado en contra). 

La razón que ha llevado a los dos partidos que conforman la coalición de Gobierno a no votar en el mismo sentido es la definición que se hace en el texto remitido al Pleno del Congreso de lo que es un productor independiente. Un cambio de última hora que ha provocado además que ERC retirara su apoyo a una ley que había consensuado previamente con el Ejecutivo.  

El PSOE decidió incluir en el último momento una enmienda al artículo 110 del proyecto de Ley durante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso que se celebró la pasada semana. Era sólo un pequeño cambio en la definición de productor independiente, pero con una gran trascendencia.

En pie de guerra

Esta modificación puso en pie de guerra a los productores de cine y series independientes de España, que consiguieron que Unidos Podemos, ERC y Bildu se pusieran de su parte. De ahí, que el PSOE haya tenido que buscar la abstención del Partido Popular para sacar adelante esta ley. 

Pero ¿en qué consiste la modificación del artículo 110 que tanto revuelo ha causado? La enmienda del PSOE define como productor independiente "a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con uno o varios prestadores de servicio de comunicación audiovisual".

Y prosigue: "Y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de dicho prestador del servicio de comunicación audiovisual". 

Esto significa que un productor que esté vinculado a un grupo audiovisual nunca podrá ser considerado independiente si realiza una serie o película para dicha empresa. Pero sí que podrá tener esta categoría si lo lleva a cabo para otras grandes compañías con las que no tenga vínculos. Así, un productor vinculado a Atresmedia podría generar contenido para Mediaset y tener categoría de independiente, y viceversa. 

Críticas del sector

Este cambio se ha encontrado con un rechazo frontal la industria del cine y las series independientes. El sector advierte de que esta modificación pone en riesgo 25.000 empleos, de los que se pueden perder más de 17.000 y precarizar los 7.000 restantes. Además, asegura que deja indefensos al talento y a los creadores frente a los grandes conglomerados corporativos.

Durante el Festival de Cannes, las asociaciones AECINE, DIBOSS, MAPA, PIAF, PROA y PROFILM, agrupadas en la Plataforma Audiovisual de Productores Independientes, leyeron un comunicado conjunto en el que alertaban de que la ley, tal y como está redactada, puede suponer "el final de una industria floreciente y estratégica para el país y que pone en peligro nuestra diversidad cultural".

El comunicado recibió en pocas horas la adhesión de las principales asociaciones de productores europeos, así como de la Academia de Cine y otras entidades del sector como Acción (Asociación que representa a un gran colectivo de directores), CIMA (Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales) y APPA (Asociación de profesionales del Audiovisual).

Las demandas del sector encontraron también el respaldo de varias formaciones políticas, como ERC o el propio socio de Gobierno del PSOE, Unidas Podemos. Ambas formaciones, junto a Bildu, presentaron una enmienda transaccional en la que proponían cambiar solo una palabra del texto propuesto por el Partido Socialista, pero que permitía dar respuesta a las demandas del sector.

La enmienda de las tres formaciones cambia "dicho" por "un", de manera que la redacción de la ley quedaría de la siguiente manera: "a cambio de una contraprestación los pone a disposición de 'un' -en vez de 'dicho'- prestador del servicio de comunicación audiovisual".

Con este simple cambio de una única palabra los productores se habrían dado por satisfechos al mantener en sus actuales términos la obligación legal que tienen las televisiones de invertir un 5% de sus ingresos en la producción independiente. Sin embargo, PSOE y PP han votado en contra y finalmente no se aplicará esta modificación a la Ley.

Lenguas cooficiales

Todo lo que ha ocurrido en los últimos días en torno a la figura del productor independiente no ha sido el único bache en el camino al que se ha enfrentado este texto que está llamado a sustituir a la actual Ley de Comunicación Audiovisual, en vigor desde el año 2010.

Mucho ha cambiado el mercado desde entonces y se hacía necesario actualizar la norma para adaptarla a un entorno en el que han surgido nuevos actores y nuevos servicios gracias al avance de la digitalización. Por ejemplo, una parte importante del consumo audiovisual que realizan los hogares en la actualidad es a través de plataformas bajo demanda.

Tras dos consultas públicas, una celebrada en diciembre de 2020 y otra en julio de 2021, el Gobierno aprobó el 29 de noviembre en Consejo de Ministros el texto que se iba a remitir al Congreso de los Diputados tras alcanzar un acuerdo con ERC. En él se fijaban una serie de cuotas para la promoción de la obra audiovisual en las lenguas cooficiales.

En concreto, se estableció que un 6% de la producción incluida en los catálogos de las plataformas digitales debe estar en alguna de las tres lenguas cooficiales del Estado: catalán, euskera o gallego. Una exigencia que no fue especialmente bien recibida por el sector audiovisual en España.

De hecho, los grandes grupos de televisión españoles advirtieron de que podrían ser los principales perjudicados por la fijación de cuotas, ya que las principales plataformas tienen sus sedes fuera de España y podrían ampararse en el criterio del país de origen para no tener que cumplir con ellas. Además, la directiva comunitaria la única obligación que impone es la de que haya un 30% de obra europea, sin entrar en más detalles. 

Una vez logrado el respaldo de ERC y tras alcanzar un acuerdo con PNV hace unas semanas para que retirara la enmienda a la totalidad que había presentado, se daba por seguro que la Ley General de Comunicación Audiovisual superaría sin problemas su primer examen parlamentario. Lo que no se esperaba es que una palabra acabara con el consenso al que tanto había costado llegar.

Aprobación de urgencia

Este debate en torno a lo que es un productor independiente ha sido una piedra más en el camino de una ley que también mantiene enfrentado al Gobierno español con Bruselas. Y es que la transposición de la Directiva de Servicios de comunicación Audiovisual, que se hace a través de este texto, acumula ya más de 20 meses de retraso.

La transposición, que además es una de las acciones previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tenía que haberse completado antes del 19 de septiembre de 2020. Sin embargo, la Ley de Comunicación Audiovisual no estará aprobada como pronto hasta el verano, y eso que se está tramitando por la vía de urgencia a petición del Gobierno, lo que acorta los plazos de su próximo paso por el Senado. 

La Comisión Europea decidió la semana pasada denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) por este retraso. Además, ante esta tardanza injustificada, Bruselas no sólo pide al TJUE que condene a España, sino también que se le impongan sanciones financieras, cuyo importe no se ha hecho público.

El Ejecutivo comunitario ha adoptado esta decisión después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya ignorado dos avisos previos. El primero en noviembre de 2020 mediante una carta de emplazamiento en la que reclamaba explicaciones por el retraso. Y el segundo en septiembre de 2021, cuando lanzó un ultimátum para la aprobación de la norma que tampoco se ha cumplido.

Con el reloj corriendo y la amenaza de multa, en próximas semanas la Ley General de Comunicación Audiovisual llegará al Senado. Entonces se podrá comprobar si el PSOE sigue recurriendo al PP para sacarla adelante o se pliega a las peticiones de sus socios parlamentarios y de Gobierno de apoyar a la industria independiente.