La Comisión Europea ha decidido este jueves denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) por el retraso en la aprobación de la nueva Ley Audiovisual, la norma que debe incorporar a la legislación española las disposiciones de la directiva comunitaria sobre servicios de comunicación audiovisual. El plazo de transposición vencía el 19 de septiembre de 2020, pero España sigue sin cumplir. 

Ante esta tardanza injustificada, Bruselas no sólo pide al TJUE que condene a España, sino también que se le impongan sanciones financieras, cuyo importe no se ha hecho público.

El Ejecutivo comunitario ha adoptado esta decisión después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya ignorado dos avisos previos. El primero en noviembre de 2020 mediante una carta de emplazamiento en la que reclamaba explicaciones por el retraso. Y el segundo en septiembre de 2021, cuando lanzó un ultimátum para la aprobación de la norma que tampoco se ha cumplido.

La tramitación de la Ley Audiovisual se ha retrasado reiteradamente en el Parlamento por las exigencias de los socios nacionalistas y separatistas del gobierno de imponer a las grandes plataformas como Netflix cuotas de lenguas cooficiales.

Además de a España, el Ejecutivo comunitario ha decidido llevar ante el TJUE a República Checa, Irlanda, Rumanía y Eslovaquia, que tampoco han cumplido los plazos exigidos.

La directiva pretende crear unas condiciones de competencia equitativas para los diferentes tipos de servicios de medios audiovisuales; reforzar la independencia de los reguladores nacionales de los medios de comunicación; preservar la diversidad cultural, por ejemplo, al exigir que los servicios de streaming tengan disponible al menos el 30 % de obras europeas; o proteger a los menores frente a los contenidos nocivos en los servicios de vídeo a la carta.

La Comisión denuncia que, debido a los retrasos en la transposición, los ciudadanos y las empresas de España, República Checa, Irlanda, Rumanía y Eslovaquia no pueden beneficiarse de los derechos y beneficios que aporta la directiva de servicios audiovisuales.