El presidente Puig, en un evento organizado por El Periódico Mediterráneo, en el que tiene acciones. EE
Prensa Ibérica acaba con los dividendos que cobraba el presidente Ximo Puig en El Periódico Mediterráneo
El grupo pone fin a los repartos de Grupo Zeta. El socialista ingresó 21.720 euros de un diario en el que ha puesto un millón en publicidad oficial.
22 octubre, 2021 05:30Noticias relacionadas
El Periódico Mediterráneo, que repartía puntualmente dividendos cada año, dejó de hacerlo en 2020. El cambio se produce después de que Editorial Prensa Ibérica (EPI) tomara el control del diario en 2019 al absorber Grupo Zeta, y tiene como consecuencia que el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, deja de ingresar las ganancias que obtenía como propietario del 1,16%. Desde 2016 había ganado 21.720 euros por esta participación, unos ingresos controvertidos porque la Generalitat del propio Puig pagó más de un millón a la cabecera en el mismo periodo.
Desde Presidencia de la Generalitat Valenciana siempre subrayaron que los dividendos que repartía El Periódico Mediterráneo respondían a la mala situación de Grupo Zeta, que absorbía recursos de sus diarios más rentables para compensar las elevadas pérdidas de los más deficitarios. Y así parece haber sido, porque en el primer ejercicio de Prensa Ibérica como accionista mayoritario a través de Grupo Zeta ha concluido esta dinámica.
"No ha habido reparto de dividendos", precisa el balance de 2020 de la sociedad del mencionado periódico, Promociones y Ediciones Culturales SA (Pecsa). Los cuatro años previos, en cambio, la mercantil aportó a sus accionistas 1,87 millones de euros: 252.000 euros en 2019, 558.000 en 2018, 504.000 en 2017 y 558.000 en 2016. El cese del reparto de se produce pese a que El Periódico Mediterráneo redujo sus números rojos en 2020 a 497.000 euros frente a los 1,44 millones que perdió en 2019.
La firma contempla "el derecho de separación del socio por falta de distribución de dividendos", pero aclara en su balance que no obtuvo "ningún voto en contra" ante la decisión de los administradores de no repartir en 2020. Nadie se opuso. Ni el 84,96% de Zeta ni tampoco el 1,16% de Ximo Puig.
Los años previos el presidente valenciano había ganado por sus acciones un total de 21.720 euros: 2.940 en 2019, 6.500 en 2018, 5.880 en 2017 y 6.400 en 2016, tal y como declaró a las Cortes Valencianas.
La controversia
Tal circunstancia ha sido objeto de controversia en la Comunidad Valenciana, ya que la Generalitat que preside el propio Ximo Puig es uno de los principales clientes del medio en el que tiene acciones a título particular. En concreto, El Gobierno valenciano puso publicidad en El Periódico Mediterráneo por más de un millón de euros en el mismo periodo: 378.500 euros en 2019, 295.900 en 2018, 261.400 en 2017 y 78.260 en 2016, según el portal de transparencia GVA Oberta.
El fin en 2020 del reparto de dividendos en el mencionado diario alivia el conflicto de intereses del presidente valenciano, pero no lo apaga. Con la compra de Grupo Zeta por parte de Prensa Ibérica Ximo Puig pasó de ser socio del principal grupo mediático valenciano, ya que la compañía concentra los periódicos más vendidos en las tres provincias: Levante-EMV en Valencia, Información en Alicante y Mediterráneo en Castellón. El conglomerado, además, cuenta desde hace unos días con su primera cabecera generalista de ámbito estatal: El Periódico de España.
Además de la ya llamativa presencia de un presidente autonómico en el accionariado del principal periódico de su provincia (Castellón), también fue polémico el papel de la Generalitat Valenciana en la compra de Grupo Zeta.
Prensa Ibérica tomó el control gracias a una quita del 70% de la deuda, y entre los acreedores se encontraba el Instituto Valenciano de Finanzas -el banco público de la autonomía-. El IVF perdonó 1,3 millones de euros, justo la deuda originaria del periódico participado por Puig.
El instituto argumentó que no pudo hacer otra cosa, que se trataba de un crédito sindicado y que los principales acreedores marcaron la pauta. En cualquier caso, la administración valenciana participó en una condonación que supuso la salvación de un grupo empresarial en el que tenía intereses económicos el presidente.
