Cultura 'cuela' en una ley contra la Covid la potestad de fijar en exclusiva las tarifas de las entidades de gestión

El Ministerio de Cultura, a través de su órgano adscrito la Comisión de Propiedad Intelectual, será juez y parte a la hora de fijar las tarifas que las entidades de gestión cobran a los medios de comunicación por los derechos de autor. Entidades entre las que encontramos al Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro) o a la Sociedad General de Autores y Editores (Sgae).

Hasta ahora la fijación de precios debía hacerse mediante una Orden Ministerial de Asuntos Económicos previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero tras la aprobación de la nueva normativa en el Congreso sólo Cultura tendrá potestad para establecer los criterios y límites en base a los que se van a imponer estos precios. 

Este jueves se vota en el Congreso el proyecto de ley por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social de la Covid-19, en el que se ha colado una enmienda que elimina la participación del Ministerio de Asuntos Económicos y de la CNMC en la fijación de estas tarifas.

El propio Ministerio de Cultura, a través del grupo parlamentario socialista en el Senado introdujo esta enmienda el pasado 15 de septiembre cuando el proyecto de medidas contra la Covid fue dejado visto para sentencia en el Congreso.

En la práctica, estamos ante una modificación a la Ley de Propiedad Intelectual (TRLP), pero sin tocar este cuerpo normativo. Un cambio de calado que se hace aprovechando un paquete de medidas que nada tiene que ver con la gestión de derechos de autor.

CNMC y Economía

Esta enmienda ha indignado a todos los sectores, que van desde operadoras de telecomunicaciones, pasando por cadenas de televisión, radios y periódicos. El caso es que esta norma deja en las manos de un solo departamento la fijación de los precios que cobran las entidades de gestión, lo que se suma a las atribuciones que ya tenía la Comisión de Propiedad Intelectual de arbitrar si es que había desacuerdo en el cobro de estos derechos.

Históricamente, los medios de comunicación han criticado los precios que se les obliga a pagar a las entidades de gestión, considerados desorbitados en algunos casos. Fuentes consultadas por este diario indican que si el proceso de fijación de tarifas se hace exclusivamente desde el Ministerio de Cultura, la ventaja comparativa de las entidades de gestión es evidente y que los medios no tendrán ninguna oportunidad en eventuales arbitrajes de la Comisión de Propiedad Intelectual. 

En estos momentos hace falta una Orden Ministerial sobre metodología para la determinación de las tarifas generales de las entidades de gestión, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y con acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Pero con la nueva normativa, que con toda probabilidad saldrá adelante este jueves al contar con los votos de PSOE y de sus socios de Gobierno y de investidura, se deja en manos de la Sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual todo este procedimiento.

Este organismo adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte pasará a ser el órgano investido de la potestad para desarrollar de facto, y de forma directa, el artículo 164.3 del TRLPI, sin necesidad de que haya una metodología de tarifas desarrollada en una previa orden ministerial, como sucede ahora.

Orden ministerial

En el desarrollo de la enmienda, Cultura indica que "considera oportuno" sustituir la obligación de aprobar una metodología para la determinación de las tarifas generales por "un mecanismo más moderno, flexible y adaptativo que evite la hiperregulación del mercado, sin caer en la inseguridad, ni perder el rigor técnico y jurídico que la materia merece".

No obstante, desde DigitalES, la patronal de las operadoras de telecomunicaciones que también deben pagar por derechos de propiedad intelectual a las entidades de gestión, creen necesario disponer de una Orden Ministerial con la metodología para la fijación de tarifas, "a pesar de que entendemos que el texto actual de esta Orden es impreciso y mejorable. Ya desde el año 2018 hemos reclamado y propuesto numerosas modificaciones en este sentido".

Creen además que introducir una enmienda en una ley de ayudas al sector contra la Covid no es el mejor camino para introducir un cambio de este calado. "Creemos que las modificaciones del TRLPI se deberían canalizar a través de un procedimiento legislativo ordinario, que garantice un debate parlamentario pleno y sosegado en las cámaras. Además, eso daría a todos los sectores concernidos la oportunidad de participar en un trámite de consulta o información pública", indican.

Desde otros sectores se indica que esta enmienda es un nuevo ejemplo de la cercanía y parcialidad que el ministerio dirigido por Miquel Iceta está teniendo hacia las entidades de gestión. Esta situación se suma al manejo que están teniendo esta cartera en la transposición de la directiva comunitaria sobre Propiedad Intelectual.

De hecho, según ha podido confirmar este diario, el Ministerio de Cultura pretende tramitar mediante proyecto de ley esta directiva dilatando así su entrada en vigor, que debería haberse producido el pasado mes de junio al cumplirse el límite temporal marcado por la Unión Europea.

Canon Aede

Esta directiva comunitaria debería derogar el Canon Aede y dar paso a la gestión libre de los derechos de propiedad intelectual por parte de los editores de prensa.

Bruselas insiste en que la nueva Ley es contraria al derecho irrenunciable de cobrar por sus contenidos a los agregadores de noticias, que establece el Canon Aede aprobado en España en 2014. Esta, además, obliga a la gestión colectiva de estos derechos en manos de un organismo determinado por la propia ley, en este caso Cedro.

"Se está trabajando un texto que queremos sacar en breve como proyecto de ley", ha indicado un portavoz del Ministerio de Cultura a EL ESPAÑOL-Invertia. El nuevo texto que se está ultimando se enviaría "en semanas" al Congreso de los Diputados, aunque no ha trascendido el sentido de la normativa.

Con todo, cualquier retraso en esta aplicación favorece a Cedro ya que le permite ganar tiempo para intentar mantener vigente el Canon Aede por encima de la interpretación que se pueda hacer finalmente de la directiva europea. Permitiría además la introducción de enmiendas de los diferentes grupos políticos para suavizar la normativa a su favor.