Este viernes se conoció que Mediapro valora todas las opciones para aliviar su apretada situación financiera, entre ellas reestructurar su deuda financiera de 920 millones de euros y empezar conversaciones para optar a este fondo de la SEPI. Según publicó el diario Expansión, se baraja un montante de 300 millones de euros, por encima de los 120 millones que se otorgaron hace unas semanas a Duro Felguera.

Según ha confirmado este periódico, el grupo va a utilizar todos los instrumentos financieros a su alcance en dicho proceso de restructuración financiera y, entre ellos, aquellos que el gobierno ha puesto a disposición de las empresas, a través de la SEPI, para paliar los efectos de la pandemia.

Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario indican que no creen que Mediapro sea una empresa estratégica, pese a su impacto en el empleo y en el tejido productivo audiovisual. Cuando hablamos de una empresa estratégica, nos referimos a una compañía clave para sectores decisivos y con impacto en regiones e industrias que puedan liderar el futuro de la digitalización y la transición ecológica en España.

De hecho, en agosto del año pasado cuando se aprobó este fondo dotado de 10.000 millones se estableció que podrían optar a él empresas no financieras consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, entre otros motivos, "por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados".

Razones políticas

Las fuentes consultadas confirman a este diario que muchos de estos requisitos no se cumplen en el caso de Mediapro, por lo que, en estos momentos, un rescate a la operadora de Jaume Roures no tendría ningún sentido y sería técnicamente inviable.

Según estas fuentes, el Comité Técnico de la SEPI, el organismo que aprueba este tipo de ayudas, tendría todos los argumentos económicos para bloquear una ayuda. Lo único que podría sacar adelante el rescate sería un fuerte apoyo político de parte de Moncloa o del Ministerio de Asuntos Económicos forzando una aprobación y en contra de los criterios técnicos. 

Las fuentes de la SEPI consultadas consideran que los últimos rescates han dejado en una mala posición a la entidad, por lo que un nuevo movimiento en este sentido terminaría de acabar con la reputación de la sociedad pública.

Las presiones políticas hicieron que se aprobara un rescate de 120 millones a Duro Felguera, pese a que la empresa estaba quebrada antes de la Covid y luego se dio el plácet por 50 millones a Plus Ultra, una aerolínea con múltiples problemas financieros mucho antes de la pandemia.

¿Y Mediapro? Fuentes cercanas a la operadora defienden su carácter estratégico en los cuatro principales sectores en los que se mueven: sector audiovisual, derechos deportivos, contenidos y desarrollo tecnológico digital. La compañía mantiene 5.000 puestos de trabajo directos en España y otros 3.000 en el extranjero. 

Deuda financiera

En el mercado se defiende que Mediapro es una empresa rentable antes, durante y después de la Covid, que únicamente precisó apoyo financiero transitorio para solventar la situación que la pandemia ha generado en toda la economía mundial. En este punto, el rescate está dirigido a empresas no financieras, "que atraviesen severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia de la Covid-19".

Según consta en sus cuentas remitidas al Registro Mercantil, el pasivo de Mediapro se divide en tres tramos. El primero es un crédito ordinario de 300 millones de euros a 2024 con un pool bancario compuesto por Citi, Barclays, BBVA, CaixaBank y Bankia.

El segundo, de 380 millones de euros, consiste en un préstamo bullet, a devolver en 2025, en manos de fondos como Blackrock y Goldman Sachs. En el tercer tramo, por 180 millones de euros y como vencimiento en 2025, el fondo Barings es el que tiene mayor exposición.

Mediapro suscribió créditos con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de unos 50 millones de euros el pasado verano con la aportación de unos 60 millones a través de una ampliación de capital de sus accionistas.

El dueño mayoritario es Orient Hontai Capital que pagó 800 millones de euros en octubre de 2017 por el 54% del capital. El resto del control se lo reparten Jaume Roures y Tatxo Benet, que reúnen un 24% de las acciones y la multinacional publicitaria WPP con el 23%.