El Consejo de Ministros ha decidido este martes recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley de la Junta de Andalucía de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva.

Esta norma modifica 27 leyes y decretos para introducir medidas económicas que afectan a numerosos sectores, entre ellos la normativa que posibilita que los ayuntamientos pueden lanzar a concurso frecuencias públicas de radio, dando entrada al capital privado a estas emisoras.

El Ejecutivo considera que algunos de los preceptos de este decreto pueden colisionar con otras normas de carácter estatal. En el caso de la ley audiovisual, el Gobierno ha detectado una "vulneración directa" de competencias estatales exclusivas en materia de telecomunicaciones, según ha detallado la portavoz y ministra de Hacienda María Jesús Montero, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

En cuanto a todo el paquete del decreto, el Gobierno ha acordado solicitar el preceptivo informe al Consejo de Estado antes de decidir si recurre o no ante el Constitucional esta norma que modifica una veintena de leyes y seis decretos anteriores.

La opinión del supremo órgano consultivo del Gobierno, aunque es obligado solicitarla, no es vinculante, por lo que el Gobierno podría recurrir al Constitucional incluso en el caso de que el Consejo de Estado lo desaconseje.

Críticas de la AERC

En cuanto a la normativa audiovisual, esta ha sido cuestionada por la AERC, la patronal de las radios privadas que agrupa a Cadena Ser, Onda Cero y Cadena Cope. Las privadas denunciaron que entregar la gestión de las frecuencias a los ayuntamientos dará un vuelco completo a la ordenación del espacio radioeléctrico en Andalucía.

Los críticos con esta medida indican que esta nueva situación abre la puerta a la regularización masiva de las emisoras piratas o sin licencia que actualmente actúan en Andalucía sin que el Ejecutivo autonómico emprenda su cierre.

Actualmente solo el Gobierno central puede conceder licencias, que distribuye cupos entre las autonomías. El último plan en el que se abrió el espectro a nuevas licencias data del año 2006 y en muchos círculos se considera obsoleto.

De hecho, la Junta de Andalucía lleva varios meses reclamado al Gobierno central que planifique nuevas frecuencias de FM para regular el sector y que estudie la posibilidad de autorizar nuevas emisoras en la comunidad autónoma.

Nuevas licencias

En el caso radiofónico, creen que la única manera de acabar con las radios piratas y democratizar el sector es otorgando nuevas licencias y que, ante la falta de respuesta del Gobierno, decidieron tirar de recursos propios abriendo las frecuencias de los Ayuntamientos.

Quienes defienden el decreto andaluz indican que las grandes emisoras temen perder el liderazgo de la región a manos de otras emisoras privadas más pequeñas. La batalla no es menor, ya que con casi dos millones de oyentes, Andalucía es el mayor caladero de audiencia de todo el territorio español, solo por detrás de Cataluña y por encima de Madrid.

En términos generales, según defiende la Junta, esta reforma legal se enmarca en el Plan para la Mejora de la Regulación Económica impulsado por la administración autonómica en esta legislatura, que tiene como finalidad atraer inversiones y facilitar el acceso a la actividad productiva a emprendedores y empresas, simplificando y proporcionando seguridad jurídica, agilidad y una regulación más eficiente.