Prisa anunció el martes un nuevo acuerdo para refinanciar su deuda postergando su vencimiento hasta el año 2022. Una operación con la que obtiene el necesario oxígeno financiero para seguir funcionando, pero que lejos de acabar con el principal lastre de la compañía, le obliga a seguir manteniendo un riguroso plan de control de costes y a generar un volumen de ingresos superior al que ha venido registrando hasta el momento.

Con este nuevo acuerdo firmado con la banca de inversión, se esquiva el pago de 956 millones programado para diciembre de este año y de otros 177 millones cuyo plazo original expiraba en el ejercicio 2019. En sus últimos estados financieros remitidos a la CNMV en junio de 2017, Prisa reconocía una deuda de 1.639 millones de euros.

En términos prácticos, Prisa ha obtenido un balón de oxígeno que no le saldrá gratis. El primer efecto es el pago de intereses de la deuda, que aumenta considerablemente cuando se extienden los plazos de pago. En su última refinanciación de diciembre de 2013, Prisa acordó la renovación de su préstamo sindicado, estructurando su deuda en dos tramos y asumiendo importantes intereses.

50 millones anuales en intereses

Respecto de las condiciones, en el Tramo 2 (956 millones) se estableció un coste referenciado al Euribor "más un margen negociado con los prestamistas". En cuanto al Tramo 3 (177 millones de euros) su coste fue "un margen negociado con los prestamistas", así como un coste fijo capitalizable.

Esto se tradujo en que desde enero de 2014 Prisa ha pagado más de 300 millones de euros solo en concepto de intereses. Las cuentas consolidadas remitidas al Registro Mercantil indican que en ese ejercicio la compañía tuvo que abonar 114,6 millones por “intereses de deuda”. 

En 2015 esta cifra bajó hasta los 81,4 millones, mientras que en 2016 llegó a los 58,5 millones. Las cifras del primer semestre indican que Prisa pagó 26,9 millones por intereses en la primera parte de ese año, lo que hace prever que al cierre del 2017 este dato haya superado los 50 millones de euros. 

Asumiendo que la nueva financiación se ha cerrado en condiciones similares a las de 2013, Prisa tendría que pagar al menos 50 millones de euros al año en intereses, hasta que abone los 450 millones de euros comprometidos como pago anticipado. Un poco menos tras reducir la deuda total a 1.200 millones de euros.

Acuerdo ligado a la ampliación de capital

De hecho, la primera condición para firmar el acuerdo con los bancos acreedores es que Prisa ejecute el aumento de capital por importe de 450 millones de euros aprobado por la junta general de accionistas del pasado 15 de noviembre. Sobre esta esta operación ha trascendido que los principales accionistas de Prisa ya están de acuerdo en suscribirla.

Banco Santander, Caixabank y Telefónica apoyarán la suscripción para proteger sus inversiones y mantener el equilibrio interno, mientras que Amber Capital se sumará intentando ganar peso dentro de la composición accionarial de Prisa. Los Polanco -sin dinero, pero con un 17% del capital- recibirán un salvavidas financiero del Santander para pagar la ampliación.

No se ha confirmado qué pasará con las acciones de Roberto Alcántara (8,9%) y de Abdullah Al Thanis (8,1%), inversores reclutados por Juan Luis Cebrián y que en la última junta de noviembre manifestaron su desacuerdo con seguir invirtiendo dinero en la compañía. Si no se suman a la ampliación, su parte podría ser suscrita por los actuales accionistas o nuevos interesados en entrar en el capital. El objetivo es cerrar el acuerdo durante este semestre.

Paréntesis de tres años

Otra característica de esta refinanciación es la mayor flexibilidad en los pagos, un arma de doble filo ya que concentra el grueso de la deuda en solo dos años. Prisa acordó con sus acreedores un calendario que no prevé amortizaciones obligatorias durante los primeros tres años -hasta diciembre de 2020- “con un calendario de repago posterior ajustado a la generación de caja esperada de los negocios del grupo.”

Esto significa que Prisa tendrá tranquilidad para trabajar y generar valor durante los tres primeros cursos, pero deja en la última parte del tramo toda la responsabilidad de generación de caja. Es una apuesta a corto plazo, que si sale bien permitirá pagar la deuda, pero que si no resulta podría obligarles a realizar una nueva refinanciación.

Debido a la inestabilidad del sector de medios, Prisa reasignará su deuda “para aproximarla al negocio de educación aprovechando su capacidad de generación de flujos”. Esto deja en manos de Santillana el futuro de la compañía, una sociedad que genera más del 70% de su Ebitda. 

Garantías para avalar la deuda

Un tercer elemento es la modificación del paquete de garantías de la deuda. En diciembre de 2013, en el contexto de la refinanciación de su deuda financiera, Prisa acordó la renovación de su préstamo sindicado estructurando su deuda en dos tramos (Tramo 2 y Tramo 3).

Adicionalmente, existe una parte de la deuda atribuida a “Préstamos Participativos” que se originaron con el fin de restablecer el equilibrio patrimonial de Prisa tras el registro de las pérdidas derivadas de la operación de venta de DTS. Los préstamos participativos del grupo a 30 de junio de 2017 llegaron a los 439,7 millones de euros.

En la anterior refinanciación de 2013, los préstamos se garantizaron solidariamente por las sociedades del Grupo Bidasoa Press, S.L., Dédalo Grupo Gráfico, S.L., Diario El País, S.L., Distribuciones Aliadas, S.A., Grupo Empresarial de Medios Impresos, S.L., Norprensa, S.A. y por Prisa Participadas, S.L.