Jaime Rodríguez de Santiago, director general de Airbnb en España.
Airbnb denuncia que prohibir los pisos turísticos “supone entregar a los hoteles todo el poder para fijar precios”
El director general en España pide una normativa que diferencie los hogares familiares de las actividades empresariales.
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Con tan sólo unos meses al frente de Airbnb en España, Jaime Rodríguez de Santiago, no ha dudado en salir en defensa de la plataforma. “Prohibir los pisos turísticos supone entregar a los hoteles todo el poder para fijar precios y que las familias tengan problemas para viajar”, ha dicho en un desayuno de prensa.
Y lo ha hecho en un momento en el que Airbnb está siendo señalada tanto por Gobierno como por grupos sociales como una de los principales culpables de los problemas del elevado precio de la vivienda en España.
“Para mí se han convertido a las viviendas de uso turístico (VUT) en las culpables de todo, pero también es obvio que la restricciones y la posición del Gobierno nos lleva a un escenario que va a castigar a las familias, va a afectar a la competitividad turística y sólo va a favorecer a los hoteles”, ha asegurado.
También ha indicado que las estrictas normativas sobre los alquileres de corta duración en España ponen en riesgo 30.000 millones de euros (2% del PIB) y 400.000 empleos, sin solucionar la crisis de vivienda.
En este sentido, el director general de Airbnb en España y Portugal ha defendido que según de Oxford Economics, los pisos turísticos ayudaron a reducir las tarifas hoteleras en 7 euros por noche en 10 destinos turísticos.
También ha recordado que el anfitrión típico de España ingresa 4.700 euros al año, que ocho de cada diez sólo alquila un alojamiento o que para el 70% el hospedaje no es su ocupación principal.
Para el directivo, hay que hacer una normativa que diferencie los hogares familiares de las actividades empresariales, así como un sistema de registro único, armonizado, gratuito y en línea; según la normativa de la UE y reglas basadas en evidencias y datos, proporcionadas, no discriminatorias y justificadas.
Por último, desde Airbnb han pedido unas regulaciones adaptadas a las necesidades de áreas menos frecuentadas y conocidas, típicamente rurales, en contraste con la complejidad de los ámbitos urbanos, y que promueven la dispersión de los viajes por toda España.
