Telefónica comunicó este lunes a los representantes de los trabajadores su intención de poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), el primero que lleva a cabo en más de una década. El proceso para este nuevo despido colectivo en la operadora de telecomunicaciones acaba de arrancar y plantea una serie de incógnitas, aunque a día de hoy no existe aún respuesta para todas ellas. 

¿A quién afectará el ERE?

Según ha confirmado el grupo de telecomunicaciones, el Expediente de Regulación de Empleo afectará a los empleados de tres de sus principales filiales en nuestro país: Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones.

En estas tres unidades jurídicas, que son en las que se aplica también el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), trabajan alrededor de 16.000 personas. En el conjunto de España, sumando otras filiales, la plantilla de Telefónica asciende a casi 21.000 personas. 

¿Cuántas personas saldrán de la compañía con este ERE?

Esta es en estos momentos una de las grandes incógnitas junto con las condiciones en las que se producirán las salidas. Legalmente ese dato sólo puede darse a las mesas de negociación de cada uno de los ERE, uno por cada entidad jurídica, que se constituirán en los próximos días.

Se prevé que, dado el tamaño de la compañía, el ERE afecte a miles de trabajadores. Hace unas semanas se rumoreó que Telefónica estaba preparando un Plan de Suspensión (PSI) al que podrían acogerse los alrededor de 5.000 empleados que cumplieran las condiciones de edad y antigüedad requeridas.

Tomando como referencia que la ratio de salidas en anteriores PSI fue de un 60%-70%, el número de bajas se hubiera situado en entre 2.500 y 3.000. Habrá que esperar para conocer si el número de salidas que se producen con el ERE es similar al que hubiera tenido lugar de haber optado la compañía por un PSI.

¿Por qué un ERE y no un PSI?

Telefónica ha decidido en esta ocasión llevar a cabo el ajuste de plantilla mediante la fórmula del ERE en vez del PSI. Se desconoce el motivo por el que la compañía se ha decantado finalmente por esta opción como la mejor manera de ajustar su fuerza laboral a sus necesidades actuales.

Un PSI consiste en un pan de salidas voluntarias similar a las prejubilaciones, ya que está dirigido a trabajadores que superen una cierta edad y que lleven un tiempo mínimo trabajando en la compañía. En este caso, la empresa sigue pagando una parte del salario al empleado hasta su jubilación.

En la última década, Telefónica ha recurrido hasta en tres ocasiones a los PSI para ajustar su plantilla en España: uno acordado en 2015 (aunque las salidas tuvieron lugar entre 2016 y 2017), otro en 2019 y el último a principios de 2022.

Los empleados que se acogieron a alguno de estos planes se fueron de la empresa cobrando entre el 65% y el 68% del sueldo, según el plan, y manteniendo prestaciones como el seguro médico o el abono de las cuotas de la Seguridad Social hasta su jubilación.

El último Expediente de Regulación de Empleo realizado por la operadora de telecomunicaciones concluyó en 2013. Durante los tres años que duró este ERE salieron de la empresa un total de 6.830 empleados.

¿Cuáles son los próximos pasos a seguir y los plazos previstos?

La empresa trasladará en las próximas horas a los comités intercentros de las tres entidades jurídicas afectadas la convocatoria de la mesa de negociación del ERE, una para cada una de estas tres filiales.

Una vez se constituyan las mesas, algo que está previsto que ocurrirá en los próximos días, las dos partes tendrán un mes para alcanzar un acuerdo sobre el despido colectivo, por lo que está previsto que, a más tardar, el proceso se cierre a finales de diciembre o principios de enero.

Los analistas de IG esperan por parte de los sindicatos una "intensa negociación" para garantizar condiciones laborales y económicas favorables para los trabajadores.

¿Por qué Telefónica hace un ERE?

Telefónica incluía las restructuraciones de plantilla dentro de las medidas de eficiencia contempladas en su plan estratégico GPS, lanzado a mediados de noviembre, para reducir los gastos operativos de la empresa. Ángel Vila, consejero delegado de Telefónica, confirmó entonces que el ajuste afectaría tanto a España como a otros países y filiales del grupo. 

En la primera reunión para la negociación del III Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) celebrada el pasado jueves, Telefónica ya adelantó a los representantes de los trabajadores que el nuevo marco de las relaciones laborales de la compañía iría acompañado de un ajuste de plantilla.

En concreto, Telefónica mostró su interés en "adecuar el excedente funcional de los puestos de trabajo, así como su deseo de no renunciar a buscar alternativas para adaptar la plantilla a las necesidades reales de la compañía".

En los últimos años el negocio de Telefónica ha sufrido importantes cambios y el grupo ha pasado de ser una empresa de voz a convertirse en una compañía tecnológica. Cambios que seguirán produciéndose en el corto y medio plazo, como son la finalización del despliegue de la fibra óptica hasta el hogar (FTTH), el cierre de la red de cobre o la automatización de procesos.

¿Qué relación tiene el ERE con un nuevo convenio colectivo?

El anuncio del ERE se ha realizado en el marco de la segunda mesa para la negociación del III Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), el marco que regulará las relaciones laborales durante los próximos años en las tres filiales del grupo.

Sin embargo, la negociación del convenio y de los ERE se realizará de forma separada. De esta manera, empresa y sindicatos tendrán abiertas en las próximas semanas hasta cuatro mesas de negociación, una para el III CEV y otras tres para los ERE que se llevarán a cabo en cada una de las filiales.

¿Qué piden los sindicatos?

Desde UGT defienden que es necesario que la empresa, antes de acometer un nuevo ajuste, "apueste por la internalización de servicios y el reskilling con el fin de darle empleabilidad a la plantilla".

En este contexto, reclama que cualquier plan de salidas esté ligado a la firma de un nuevo convenio "con una duración mínima de tres años que blinde a la plantilla y sus condiciones laborales y económicas". "Todo ello sin menoscabo de que las personas que puedan estar afectadas por el ERE mencionado dispongan de garantías y condiciones similares a los planes de salidas anteriores", agrega.

Por su parte, desde Comisiones Obreras señalan que en el sindicato trabajarán para conseguir "las mejores condiciones" para sus representados independientemente del modelo de reducción de plantilla que decida aplicar la empresa.

Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha pedido además este martes que las salidas del expediente de regulación de empleo de Telefónica sean "voluntarias, incentivadas y que no comporten ninguna pérdida de condiciones" para los trabajadores.

¿Qué impacto tendrá en Telefónica?

Los analistas de Sabadell consideran que la puesta en marcha de un ERE en Telefónica es una medida "positiva" en la medida en que permitirá mejorar la rentabilidad al reducir los gastos de personal (que representan el 14% de los ingresos del grupo). No obstante, prevé que su impacto sea "limitado" dado el número de empleados que se estima que podrían verse potencialmente afectados.

Los analistas de la entidad financiera apuntan que en un escenario en el que la reducción sea de unas 2.500 personas (en torno a un 12% de la plantilla en España y un 2,5% del grupo) y en el que se mantenga el coste medio por empleado del anterior plan de salidas, el impacto para las arcas de Telefónica sería de unos 1.160 millones de euros, equivalentes a un 3% de los ingresos del grupo.

¿Y para las arcas públicas?

El ERE propuesto por la operadora también tendrá un impacto en las arcas públicas del Estado, ya que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tendrá que pagar las prestaciones que les correspondan a los afectados. Sin embargo, este impacto se verá compensado por lo que se conoce precisamente como la "cláusula Telefónica".

Coincidiendo con el ERE lanzado en 2011 por la compañía, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estableció una novedosa obligación para las empresas que realizaran despidos colectivos que afectaran a trabajadores de 50 o más años de edad.

En concreto, se estableció que las empresas de más de 500 trabajadores con beneficios deben realizar aportaciones al Tesoro por las prestaciones de desempleo y las cotizaciones sociales derivadas de los despidos de empleados de más de 50 años por causas no imputables a estos.