Una actividad por la que pueden obtener importantes beneficios, pero que no siempre es reconocida ante la administración tributaria. Para detectar rentas infradeclaradas e incluso patrones de comportamiento delictivo, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ha vuelto a apostar por el desarrollo tecnológico y se acaba de hacer con una herramienta de software que le permita recabar información de redes sociales.

En concreto, según los datos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público y recogidos por EL ESPAÑOL-Invertia, la AEAT ha adjudicado un contrato a Grupo Oesía para el desarrollo de dicha herramienta, proyecto por el que la compañía percibirá alrededor de 180.000 euros.

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Según recoge la Memoria Justificativa del proceso de licitación, el objetivo de este proyecto es obtener "información estructurada cuantitativa y cualitativa" de las redes sociales que determinen "el alcance, la relevancia y la resonancia de los actores intervinientes en las mismas".

La Agencia Tributaria recuerda que dispone de información suministrada por los propios contribuyentes o por terceros, así como que ya ha puesto en marcha distintas medidas destinadas al análisis sistemático de los contribuyentes en atención a su estilo de vida y su nivel de renta.

Sin embargo, considera que es necesario completar todos estos datos con la captación de información de fuentes abiertas, como son en este caso las redes sociales, que denotan obtención de ingresos, "bien por actividades concretas, bien por la ostentación de bienes o servicios disfrutados".

"Los tiempos cambian y debemos adaptarnos a ellos intentando conciliar nuestras bases de datos, de amplio espectro apoyadas en las nuevas tecnologías, con los datos de fuentes abiertas integrando ambos para extraer patrones de comportamiento que nos permitan seleccionar a los contribuyentes más incumplidores", explica.

Redes sociales

En el caso de las redes sociales, la agencia tributaria apunta que la información que necesita su sistema para crear comparables debe provenir directamente de dichas redes. Sin embargo, ninguna de estas compañías tiene sede en España y, por tanto, no estarían obligadas a entregar los datos de sus usuarios.

Por ello, la AEAT decidió poner en marcha el pasado marzo un proceso para el "arrendamiento de una herramienta de software para el análisis de perfiles de usuarios destacados en redes sociales con destino al Departamento de Informática Tributaria".

Imagen del logo de la AEAT en un edificio.

En concreto, de acuerdo con los requisitos solicitados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, buscaba una herramienta capaz de obtener información referida al número de suscriptores o seguidores, videos o posts, y visualizaciones de los mismos, de determinados usuarios destacados en las principales redes sociales.

A este respecto, Hacienda insiste en que "sólo" está interesada en recabar información sobre los usuarios relevantes o influencers, dado que es en este tipo de actores donde puede existir un riesgo fiscal.

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"La integración de fuentes abiertas debería realizarse, siempre con un objetivo básico, detectar rentas infradeclaradas e incluso patrones de comportamiento delictivo, sirviendo el colectivo de influencers como colectivo inicial, dada su dimensión, para establecer el funcionamiento del sistema de análisis de redes con fines tributarios", explica.

Precisamente, el "análisis sistemático" de este colectivo en clara expansión es el foco de la primera fase de este proyecto. No obstante, la AEAT añade que en una segunda fase se debería "aprovechar el aprendizaje para obtener información relevante desde el punto de vista fiscal de todos los contribuyentes, cuestión que actualmente se realiza de forma manual en procesos de investigación".

Adjudicación

De este proyecto, que tendrá una duración inicial de dos años, se encargará Grupo Oesía. La Dirección del Servicio de Gestión Económica de la AEAT ha adjudicado a esta compañía un contrato para este fin por un importe total de 177.468,28 euros (146.668 euros, IVA no incluido).

La compañía se ha impuesto a las otras cuatro empresas que se presentaron al proceso de licitación por ser "la oferta económicamente más ventajosa y cumplir el pliego de prescripciones técnicas".

El presupuesto base de licitación era de 240.000 euros (198.347,1 euros sin IVA), mientras que el valor estimado del contrato ascendía a más de 714.000 euros, teniendo en cuenta la posibilidad de prorrogarlo por dos años adicionales y de aplicar una modificación al alza hasta un 20%.