Los principales operadores del país se han posicionado en contra de celebrar este año la subasta de la banda de 26 GHz, la única banda prioritaria para el 5G que queda por adjudicar. Además, han planteado posponerla hasta 2023 o 2024, hasta que la tecnología para aprovecharla madure.

En su resumen de las aportaciones a la consulta pública sobre cómo debería ser la subasta, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales subraya sobre la postura de estos: "Consideran que actualmente no hay demanda de esta banda por lo que carece de sentido preparar una subasta".

Fuentes del sector confirmaron a Europa Press esta posición y recordaron que los operadores ya han hecho "inversiones ingentes" en espectro, tasas y el despliegue del 5G, donde además deben cumplir con obligaciones de cobertura.

30 entidades

Asimismo, dichas fuentes indicaron que aún no existen dispositivos que funcionen en esa banda y que sus usos tampoco están completamente claros.

Pese a estas peticiones, el Gobierno tiene previsto continuar con la subasta con vistas a que se celebre a final de año. En los presupuestos generales quedó estipulado que el Ejecutivo esperaba ingresar 140 millones de euros de este proceso y se trata de una de las reformas incluidas en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

En la consulta pública participaron MásMóvil, Orange, Telefónica y Vodafone por parte de los operadores y un total de 30 entidades.

En la consulta, cuyas aportaciones se presentan agregadas por tipo de actor, los fabricantes de equipos (Ericsson, Huawei, Nokia y Qualcomm) se mostraron discordantes entre sí, ya que algunos apoyaron la licitación, mientras que otros advirtieron de que los equipos no estarán "maduros" hasta 2025.

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Por otro lado, las patronales de distintos sectores (entre la que no se encuentra DigitalEs, que representa a los operadores) se han mostrado favorables a la licitación al considerar que puede ser una oportunidad de impulsar el ecosistema, mientras que los colegios de ingenieros creen que ya hay madurez técnica y tecnológica suficiente para llevar a cabo una licitación, pero falta "madurez económica y de mercado del ecosistema".

El Ejecutivo ha analizado durante este año la aportación de un total de 30 entidades a la consulta sobre los usos y el modelo que se debería utilizar para esta última banda de 5G, que, cuenta con una gran cantidad de espectro a repartir, pero al situarse muy alta, la transmisión de información solo cubre espacios reducidos.

Por ello, se prevé que los usos de esta banda sean selectivos y centrados en zonas con gran concentración de tráfico, usos de emergencia, complemento a la fibra o aplicaciones empresariales, como podría ser crear una red privada en un complejo industrial.

Servicios en régimen de autoprestación

Precisamente, otro de los aspectos diferenciales de esta banda es que el Gobierno prevé reservar una parte del espectro para usos industriales y locales, otro de los puntos de fricción con los operadores.

En este caso, los operadores indicaron que debería subastarse entre ellos todo el espectro y encargarse posteriormente ellos de cederlo a empresas en el mercado secundario, ya que prevén una demanda baja para estos servicios a diferencia de otros países más industrializados como Alemania.

Sin embargo, el resto de actores, incluido el Gobierno, aboga por reservar una parte del espectro disponible para servicios en régimen de autoprestación. De esta forma, las empresas pedirían ellas mismas frecuencias al Gobierno, lo que abriría a otros actores el negocio de la creación de redes privadas, uno de los nuevos verticales en el que han puesto interés operadores, empresas de infraestructuras como Cellnex o tecnológicas como Amazon Web Services.

Por su parte, las empresas de satélites solicitaron garantías de cara a que los servicios que se desplieguen en esta banda no interfieran con los servicios de conectividad que prestan en la inmediatamente superior (28 GHz).