El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva Ley general de Comunicación Audiovisual, que obligará a las plataformas de contenidos como Netflix, HBO, Disney+ o Amazon Prime Video a que el 6% de la producción incluida en sus catálogos esté en alguna de las tres lenguas cooficiales del Estado: catalán, euskera o gallego

El Gobierno remite así al Congreso de los Diputados esta ley, cuya redacción definitiva incluye cuotas de producción realizada en idiomas nacionales distintos al castellano tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y ERC a cambio de que la formación política catalana apoye los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha remarcado que este texto tiene como objetivo transponer la normativa europea en esta materia, modernizar la legislación actual y regular por primera vez a todos los agentes que operan en el mercado español.

"Adaptamos el marco normativo a la realidad actual, de la nuevas plataformas y los medios digitales de comunicación, reforzando así la igualdad de trato de todos los operadores que compiten en estos mercados y reforzando también la protección de nuestros valores democráticos", ha subrayado. 

Asimismo, la vicepresidenta primera ha remarcado que el texto que se ha remitido al Congreso también ilustra el "fuerte compromiso" del Gobierno con el impulso del español y el resto de lenguas cooficiales del Estado en el ámbito audiovisual en este momento de expansión.

Así, ha afirmado que, tras muchas negociaciones y habiendo integrado las posiciones de todos los actores tras dos audiencias públicas y un conjunto de encuentros, se ha logrado un "buen equilibrio" entre el impulso a la producción nacional, la emisión en lenguas cooficiales y un "fuerte apoyo" al sector audiovisual para la atracción de inversión, actividad económico y talento.

En este sentido, la vicepresidenta ha señalado que durante el trámite parlamentario de la ley se pueden producir mejoras y ajustes, pero ha asegurado que se parte de un texto "muy sólido" que permite cumplir con los múltiples objetivos se han fijado en la elaboración de la ley. 

Cuotas de producción

La nueva ley general de Comunicación Audiovisual fija una serie de cuotas para la promoción de la obra audiovisual europea, tal y como se recoge la directiva europea que se transpone en esta ley, tanto para los operadores líneas como los que ofrecen sus servicios bajo demanda. 

Por un lado, se obliga a las televisiones a reservar el 51% del tiempo de emisión a obras audiovisuales europeas, de las que la mitad deberán ser en la lengua oficial del Estado o en alguna de las cooficiales. De esta subcuota, RTVE reservará un mínimo del 15% a obras audiovisuales en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas.

Por su parte, las plataformas bajo demanda deberán reservar un 30% de su catálogo a obras europeas. La mitad (el 15% del total) deberán ser obras en lenguas oficiales en España. De esa subcuota, el 40% tendrá que estar en alguna de las lenguas cooficiales del Estado, lo que representa que el 6% del total del contenido deba estar en lenguas como el catalán, el gallego o el euskera.

En lo que se refiere a la financiación anticipada de la obra audiovisual europea, se establece una excepción al principio de país de origen, ya que cualquier prestador del servicio de comunicación audiovisual televisivo que ofrezca su servicio en España deberá contribuir a la financiación anticipada de la obra audiovisual europea.

La cuantía de la obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea se calculará en función de los ingresos anuales. Quedan exentos los prestadores con una facturación generada por sus servicios en España inferior a 10 millones de euros al año.

Además, con la finalidad de fomentar la diversidad lingüística y las lenguas cooficiales, el texto también prevé la posibilidad de establecer programas de ayudas al subtitulado o doblaje de las obras audiovisuales en estas lenguas.

Financiación de RTVE

Otras de los cambios importantes que trae la ley es la supresión de la aportación directa que realizan los operadores de telecomunicaciones a la financiación de RTVE por la parte de su negocio que no se corresponda a la actividad audiovisual, que había sido solicitada en reiteradas ocasiones por estas compañías. 

En concreto, el proyecto de Ley establece que a partir de ahora la financiación de RTVE se realice con aportaciones de todos los agentes presentes en el mercado audiovisual que compiten por la misma audiencia: televisión lineal en abierto; televisión lineal de pago; prestadores de vídeo bajo demanda; y plataformas de intercambio de vídeos.

El texto aclara que esta aportación deberán realizarla tanto aquellos prestadores que estén establecidos en España como los que estén en otro país de la Unión Europea, siempre que ofrezcan sus servicios en España. 

Otras de las novedades van destinadas a reforzar la promoción de obra audiovisual europea de productores independientes, incrementando las obligaciones de inversión. Por un lado, se eleva del 0,9% al 3,5% el porcentaje de inversión que deberá destinarse a obras de productores independientes.

Por otro, se obligará a destinar el 2% a la financiación de cine de productor independiente, que deberá realizarse también en la lengua oficial del Estado o en alguna de las cooficiales, frente al 1,8% vigente.

Además, la nueva Ley de Comunicación Audiovisual también quiere fomentar la producción de obras audiovisuales dirigidas o producidas por mujeres mediante la convocatoria de ayudas con cargo al Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual.