La compañía está obligada a comunicar al mercado con suficiente antelación los cierres previstos para evitar que tengan impacto en la competencia dentro del sector. Por ejemplo, Telefónica ya ha informado de que espera acabar este año con más de 1.520 centrales de cobre apagadas.

Sin embargo, en el marco de este proceso, la compañía ha pedido autorización a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para paralizar el cierre de 73 centrales de cobre en España previsto para noviembre de 2021. Y el organismo lo ha autorizado al considerar que no tendrá ningún impacto en la competencia. 

Telefónica comunicó a la CNMC el cierre de estas 73 centrales hace aproximadamente un año, junto con el de otras 437 más. Se trata de centrales de pequeño tamaño, con entre 4 y 70 accesos de cobre cada una, situadas en provincias como Salamanca, Ávila, Palencia, Guadalajara o Zamora. 

En el caso de estas centrales, los servicios que hasta ahora se realizaban a través de cobre iban a pasar a prestarse a través de lo que se denomina acceso fijo radio. Es decir, que el Internet fijo se presta mediante 4G y 5G con las mismas prestaciones que tiene la fibra, y que superan con creces las actuales de la red de cobre.

El motivo es que en estas zonas no es rentable el despliegue de redes propias de fibra óptica ni hay acceso a las de otros operadores o ayudas públicas para hacerlo. 

Sin embargo, el pasado mes de mayo, Telefónica solicitó paralizar este cierre al constatar que la estimación de cobertura ofrecida por su sistema de consulta ha sido errónea y puede correr el riesgo de no ser capaz de atender a todos los clientes de esas zonas por falta de cobertura.

Retraso sine die por el cierre

La compañía señala que ha analizado distintas alternativas para ampliar cobertura en estas centrales, pero resulta imposible acometer los cambios necesarios a tiempo. De ahí, que haya solicitado "sine die" la paralización de estos cierres y volver a plantearla cuando tengan garantizada la prestación del servicio a sus clientes. 

Tras analizar esta situación "excepcional", la CNMC señala que, aunque la retirada de un cierre atentaría contra los requisitos de previsibilidad que justifican que éste sea un procedimiento regulado, no aprecia en esta decisión "comportamientos estratégicos o anticompetitivos".

Así, detalla que se trata de centrales de muy pocos accesos, de los que ninguna son o eran de otros operadores, por lo que el anuncio no ha tenido impacto sobre la actividad mayorista y la competencia en el sector. 

Además, valora que Telefónica se comprometa a que los cierres futuros basados en migración a acceso radio sean previamente analizados por su departamento de ingeniería de red móvil, una comprobación que califica de "adecuada y necesaria".

Apagado de la red de cobre

Telefónica está acelerando en los últimos años el apagado de sus centrales de cobre en su camino hacia una red 100% de fibra óptica. De hecho, la operadora tiene previsto cerrar este 2021 tantas centrales como en los últimos seis años.

Entre 2015, cuando arrancó el proyecto, y 2020 se cerraron unas 760 centrales, el mismo número que se clausurarán solo en 2021. La compañía ya comunicó el pasado mes de agosto que había alcanzado las mil centrales cerradas y que al final de año se elevarán a alrededor de 1.520.

El objetivo final de Telefónica es pasar desde las más de 8.500 centrales de cobre de las que se partía cuando se inició este "puntero" proyecto de transformación de su red, a quedarse con unas 3.000 centrales sólo de fibra en unos pocos años. 

El apagado de las centrales de cobre y su sustitución por la red de fibra genera importantes beneficios en términos de sostenibilidad. Así, el apagado del cobre presenta ventajas en cuanto a ahorro de espacios, eficiencia y sostenibilidad. Por ejemplo, en entornos urbanos, una central de fibra da el mismo servicio que cuatro de cobre.

El compromiso estratégico de Telefónica es tener emisiones netas cero para el 2025. Para ello, el cierre del cobre supone un ahorro energético de más de 1000 GWh, lo que equivale a 355.000 toneladas de CO2 o plantar seis millones de árboles.