Se trata, según ha podido contrastar EL ESPAÑOL-Invertia, de operaciones puramente especulativas, materializadas por terceros. Ni el Grupo Volkswagen ni Iberdrola -que es la compañía energética encargada de desarrollar el megaproyecto fotovoltaico de 150GW para la compañía automovilística- tienen nada que ver con estas compraventas, según aseguran ambas firmas preguntadas al respecto.

En efecto, las fuentes consultadas relatan que las transmisiones las llevan a cabo empresas ajenas al proyecto industrial, cuya credibilidad radica en que acometen los pagos con transferencias inmediatas, de un máximo de 24 horas. Su objetivo es posicionarse con fuerza en un espacio que esperan que les brinde rentabilidades a medio y largo plazo o un nuevo traspaso beneficioso.

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Tal es el grado de especulación que las operaciones se están produciendo a pesar de que el mapa para la creación de las plantas fotovoltaicas de Volkswagen no es todavía definitivo. El Proyecto Territorial Estratégico (PTE) que regula la gigafactoría ofreció un mapa preliminar, en el que parecen haberse basado los especuladores para lanzarse a la compra del suelo.

Pero el proyecto fotovoltaico asociado a la gran fábrica de baterías avanza en la administración a un ritmo menor. De hecho, la ubicación de las placas solares está siendo todavía objeto de debate y ya ha sido modificado el mapa inicial ante la controversia que suscitó la concentración inicial en determinadas zonas y la negativa de algunos propietarios, también productores citrícolas, a desprenderse de sus terrenos en activo.

Justiprecio

La especulación que se está produciendo con el suelo de las plantas fotovoltaicas contrasta sobremanera con la situación que denuncian las organizaciones agrarias en el área industrial de la propia gigafactoría. Tanto AVA-Asaja como La Unió de Llauradors i Ramaders acusaron este viernes a los gobiernos valenciano y estatal de "maltratar y negar un precio razonable" a los propietarios de los terrenos expropiados en Parc Sagunt II.

Fue durísimo su comunicado, rubricado por el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, y el secretario general de La Unió, Carles Peris. "Es indignante que nuestra Administración, por los compromisos políticos adquiridos con esta multinacional, que incluyen una lluvia de ayudas millonarias, quiera que lo paguen los agricultores de sus bolsillos y estafarles hasta el último céntimo, sobre todo cuando están atravesando una dura crisis de rentabilidad y en este proceso se les arrebata un espacio fértil de alto valor económico", aseveraron.

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Según relataron, los propietarios con terrenos en dicho espacio "están empezando a recibir demandas por la vía contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia por parte de Espais Econòmics Empresarials", empresa participada por la Generalitat Valenciana y el Gobierno central.

La motivación de estos procesos, según aseguran, es que la empresa pública "no acepta el justiprecio propuesto por el jurado provincial de expropiación, pese a ser un órgano oficial de la propia Administración que goza de los principios de imparcialidad, veracidad y acierto, y donde están representados expertos cualificados en la materia".

Visita de Pedro Sánchez a los terrenos de la gigafactoría. Gabriel Gallo

A juicio de Aguado y Peris, la firma pública "lleva estas expropiaciones a los tribunales con el afán de abonar limosnas y retrasar los pagos, al menos, dentro de tres años que pueden dilatarse en el tiempo este tipo de juicios".

Debido al cambio de la legislación (en 2007 entró en vigor la llamada Ley del Suelo, que limitó el justiprecio de una parcela en función de la productividad o la localización), las indemnizaciones que se pagaron en las primeras expropiaciones de Parc Sagunt II fueron, en líneas generales, "la mitad de las que se abonaron en las expropiaciones de Parc Sagunt I (de unos 40 euros por metro cuadrado frente a 80)".

"Ahora, en la actual fase de ampliación, el Gobierno aún ha ofrecido menos dinero a los propietarios (entre 10 y 15 euros por metro cuadrado, según las parcelas), por lo que la gran mayoría optó por acudir al jurado provincial y solicitar una valoración alternativa más ajustada al valor real de los terrenos", argumentan. Este jurado, según agregan, "marcó, lógicamente, cifras situadas entre las dos propuestas".

"No obstante, la Administración sigue considerando la cantidad excesivamente elevada y, en lugar de concluir la negociación, enfanga el conflicto por la vía judicial, para lo que, además, va a destinar 145.000 euros de dinero público en contratar procuradores", concluyen.

63,66 millones

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunció el pasado 9 de enero la venta de una gran parcela del polígono Parc Sagunt II a la sociedad PowerCo, la empresa del Grupo Volkswagen encargada de la gigafactoría de celdas de baterías.

La operación se cerró tras la aprobación por parte del consejo de administración de Espais Econòmics i Empresarials (EEE), la empresa pública participada al 50% por la Generalitat y al 50% por la estatal Sepides, y la posterior firma de la escritura de compraventa entre la sociedad gestora de Parc Sagunt y PowerCo, según explicaron.

La gran pastilla de suelo, que es la primera vendida en el contexto del desarrollo de Parc Sagunt II, alcanza cerca de los 1,3 millones de metros cuadrados y la operación se cerró por un importe de 63,66 millones de euros, según la Generalitat Valenciana. En función de estas cifras, el precio por metro cuadrado fue de 48,9 euros.