La lucha viene de lejos. El penúltimo capítulo se cerró en abril de este año, cuando la magistrada del Juzgado de Primera Instancia de Madrid Ana Isabel Collado desestimó la demanda presentada por Trinitario Casanova.

Los abogados no entendían que solo en un mes (el juicio se celebró el 25 de marzo y la sentencia llegó el 29 de abril), la jueza fuera capaz de analizar los miles de folios (36 tomos) en un periodo tan delicado. "El partido está vivo", advirtieron fuentes de la compañía a este medio.

El empresario tenía 20 días hábiles para presentar un recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Madrid y así lo ha hecho, tal y como ha podido confirmar Invertia.

Ahora toca esperar el turno para ver a qué sala cae asignado el caso. Normalmente, este proceso suele durar en torno a un mes, según fuentes judiciales consultadas por este medio.

Justicia material

Desde un primer momento, el departamento legal de Baraka defiende que "no es de recibo" que mil familias perdieran sus tierras por una expropiación cuyo destino sería un bien público y después un proyecto privado pueda hacer lo que quiere en ese terreno. Se trata de una "cuestión de justicia material".

"Es un tema muy complejo y muy simple a la vez", explican a Invertia. "Con que el juez interprete el documento que firmó la adjudicataria ya lo tiene; usted se hacía cargo de los reversionistas, págueles", subrayan.

"No hacía falta que mirara los miles de folios para acreditarlo, con que hubiera mirado uno esas personas ya tienen derecho", aseguran estas fuentes. Por eso, el departamento jurídico del Grupo Baraka mantiene su lucha contra BBVA y DCN. "La sentencia estaba poco fundamentada", concluyen.

Una vieja lucha

Toda esta historia comenzó el siglo pasado. Renfe (luego Adif) adjudicó unos terrenos expropiados para uso ferroviario a la empresa Desarrollos Urbanísticos de Chamartín (DUCH), en la actualidad Distrito Castellana Norte (DCN). Sin embargo, el objetivo final era su desarrollo urbanístico.

Algunos de estos propietarios, agrupados en la Asociación No Abuso, presentaron una reclamación con la voluntad de defender los derechos de reversión en la 'Operación Chamartín', es decir, el derecho a recomprar los terrenos de los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral. Entendían que esas parcelas no iban a ser utilizadas para un servicio público, sino para un fin privado y lucrativo, por lo que solicitan su devolución o compensación económica.

En 2018 entró en escena Baraka Capital Group. Trinitario Casanova compró a los antiguos propietarios su derecho de reversión y desde entonces mantiene su lucha judicial contra los actuales propietarios y gestores de la antigua Operación Chamartín.