Un parque de energía solar fotovoltaica y eólica.
Opositores a las renovables colapsan la tramitación de cientos de proyectos y buscan un bloqueo similar al de Galicia
El Gobierno aplica un 'Plan de Choque' para 'desatascar' la avalancha de hasta 15.000 reclamaciones administrativas que bloquean parques eólicos y solares.
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La oposición renovable que bloquea Galicia extiende su sombra a la Administración central. Una oleada de recursos de alzada interpuestos por grupos opositores a las renovables está frenando la tramitación de cientos de proyectos en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Ante esta situación, el Gobierno ha activado un 'Plan de Choque' con el objetivo de desbloquear el embudo de reclamaciones que están paralizando proyectos eólicos y fotovoltaicos que ya estaban listos para iniciar su construcción, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia.
En concreto, Transición Ecológica ha implementado una reorganización interna para gestionar los nuevos recursos que están llegando y proporcionar información en tan sólo una semana. Además, ha establecido un procedimiento de gestión que le permite resolver la acumulación de recursos que llevan más de un mes pendientes, con el objetivo de emitir cientos de resoluciones semanales.
Desde una de las principales patronales renovables de España, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), explican a este diario que se trata de "un abuso del procedimiento administrativo".
La asociación tiene constancia de al menos 6.000 recursos bloqueando proyectos, aunque fuentes del sector elevan la cifra a más de 15.000. Muchos de estos proyectos enfrentan cientos de recursos idénticos.
¿Cuál es su estrategia?
La división de Reclamaciones de la Secretaría General Técnica, perteneciente a la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es la que se encarga de gestionar procedimientos administrativos y recursos legales, como los recursos de alzada.
La estrategia empleada por los grupos opositores es la siguiente: una vez emitida la Autorización Administrativa de Construcción (AAC), que es el permiso necesario para iniciar los trabajos de un proyecto, pueden presentar recursos de alzada si consideran que la resolución es errónea o incumple la normativa vigente.
Según establece la ley de Procedimiento Administrativo Común, si el ministerio no responde dentro de un plazo de 30 días y el recurrente solicita medidas cautelares, automáticamente estas medidas se entienden como concedidas.
Esto implica que, si no se resuelve el recurso a tiempo, la Administración está obligada a suspender los efectos de la autorización hasta que se resuelva el recurso de alzada. Y es precisamente lo que se pretende con la cantidad ingente de recursos, que la Administración no tenga capacidad de responder a todas en el plazo establecido.
El problema es que estos retrasos comprometen el cumplimiento de los hitos administrativos que los proyectos renovables deben alcanzar a tiempo para evitar la caducidad de sus permisos. Así, los promotores se encuentran en una situación de total incertidumbre, en la que el riesgo de perder permisos y recursos invertidos aumenta con cada día de retraso.
"Hay proyectos gravísimamente afectados, que llevan meses parados, con equipos ya comprados y epecistas esperando para iniciar las obras", explica Juan Virgilio Márquez, director general de AEE.
Este escenario recuerda a las estrategias de bloqueo utilizadas en Galicia, donde el proceso se llevaba a cabo por la vía judicial. La diferencia radica en que, a nivel de la Administración central, si un recurso de alzada no se resuelve en 30 días, se entiende que las medidas cautelares solicitadas son favorables (en el caso gallego, si no hay respuesta, se entienden como rechazadas).
Esto significa que, antes de llegar a la vía judicial, los proyectos pueden quedar paralizados indefinidamente sólo con la presentación masiva de recursos administrativos, colapsando la tramitación en el Ministerio para la Transición Ecológica y dificultando que se resuelvan a tiempo.
Cabe apuntar, además, que si un proyecto recibe una resolución negativa tras un recurso de alzada, el siguiente paso sería presentar un recurso contencioso-administrativo. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) deberá evaluar si admite el caso a trámite, lo que podría abrir un nuevo frente judicial y alargar aún más los plazos.
No obstante, hasta el momento, los tribunales autonómicos no han seguido el criterio del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). De hecho, en comunidades como Madrid o Andalucía, se han intentado llevar casos basados en estos mismos argumentos, pero no han prosperado, tal y como explica el director general de AEE.
Por el momento, el Ministerio para la Transición Ecológica no contempla la suspensión de los plazos establecidos para los hitos administrativos. Confían en que en un plazo de unas semanas la situación de los recursos estará mucho más avanzada gracias al 'Plan de Choque' implementado.
Con todo, la patronal eólica ha insistido en la urgencia de implementar mecanismos de protección frente a los grupos opositores que abusan de los procedimientos administrativos para bloquear proyectos y evitar que estos se materialicen.
