Alcoa ultima la venta de las plantas de A Coruña y Avilés al fondo Parter
La AN propone juzgar a ocho personas por las presuntas irregularidades en la venta de las plantas de Alcoa
La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 recuerda que la causa se inicia por una querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales.
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La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón ha propuesto juzgar a ocho personas por las presuntas irregularidades en el proceso de venta de las plantas de aluminio de Alcoa en A Coruña y Avilés con el supuesto fin de descapitalizarlas y de desviar sus activos hacia su patrimonio personal y hacía las estructuras societarias creadas para apoderarse de ellos.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, que pone fin a la investigación, la magistrada explica que los hechos son constitutivos de delitos de apropiación indebida o administración desleal, insolvencia punible, blanqueo de capitales y constitución o pertenencia a organización o grupo criminal.
La resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, acuerda el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones para una persona jurídica -Alcoa Inespal- y cuatro físicas, así como el sobreseimiento provisional para otras tres.
Procede, sin embargo, contra Víctor Rubén Doménech; Joachim Magim; Luis Losada;Francisco Javier Fernández de Bobadilla; Alexandra Camacho; Diego Peris; Antonio Fernández y Eduardo Julio García Hidalgo.
La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 recuerda que la causa se inicia por una querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales debido al proceso de venta de las plantas de producción de aluminio que la empresa Alcoa Inespal SL tenía en A Coruña y Avilés dada la difícil situación económica que atravesaban.
La venta de las plantas, explica, se produjo en dos fases. En la primera de ellas, el 31 de julio de 2019,Alcoa vendió el 100% de los dos centros de producción por el precio simbólico de 1 euro a las mercantiles Alu Holding AC Spain SLU y Alu Holding AVL 2019 Spain SLU, que habían sido creadas poco antes por la sociedad Blue Motion Technologies, propiedad de un grupo suizo.
En la segunda venta, de 8 de abril de 2020, Blue Motion Technologies, incumpliendo los términos del acuerdo de venta,la volvió a vender por 13 millones de euros a la sociedad española System Capital Company, que también había sido constituida poco antes por uno de los investigados.
Para llevar a cabo la venta, afirma la jueza, los 13 millones utilizados en la operaciones detrajeron de la tesorería de las propias empresas que se iban a vender, en una operación diseñada por los investigados a los que propone juzgar.
