La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha avalado la propuesta del Gobierno de prohibir que las comercializadoras eléctricas puedan llevar a cabo la contratación del suministro o publicidad por vía telefónica, salvo que se produzca una petición expresa por el consumidor, con el objetivo de blindar a los clientes de llamadas fraudulentas.
El organismo regulador ha emitido un informe sobre el proyecto de Real Decreto para actualizar el reglamento de suministro y contratación de energía eléctrica. El equipo de Cani Fernández recomienda extender esta prohibición a los agregadores, de forma similar a las restricciones ya aplicadas a la contratación a domicilio.
Recomienda imponer mayores requisitos de capital a las comercializadoras de electricidad para evitar quiebras en cadena como las ocurridas durante la crisis energética. Como ejemplo, sugiere una garantía mínima de 100.000 euros para operar, como se requiere en Portugal, así como la acreditación de solvencia económica y cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Para garantizar la capacidad técnica, la CNMC propone exigir experiencia en el sector o, en su defecto, un contrato de asistencia técnica con una entidad especializada. La CNMC también destaca que el número de comercializadoras en España (243 operativas en más de una comunidad autónoma) es muy superior al de otros países, como Reino Unido, que cuenta con 60, Países Bajos con 58, y Francia con 53.
También pide recuperar la autorización administrativa previa, para asegurar que las nuevas comercializadoras cumplen con los requisitos.
Veto a las llamadas
En agosto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico propuso acabar definitivamente con estas llamadas fraudulentas en las que operadores telefónicos se hacen pasar por representantes de las compañías con las que los clientes tienen sus contratos de electricidad.
El proyecto de Real Decreto de Teresa Ribera, en consulta pública desde entonces, busca limitar la contratación telefónica a situaciones en las que el cliente inicia la llamada o solicita expresamente ser contactado.
La CNMC destaca que ya había recomendado esta medida en su Informe de Supervisión Minorista de gas y electricidad para 2022 y 2023, argumentando que las llamadas engañosas perjudican la confianza de los consumidores en el mercado y dificultan la competencia.
Además, el regulador señala que muchos consumidores están recibiendo estas llamadas sin haber dado su consentimiento explícito, y denuncia que algunas son fraudulentas o implican suplantación de identidad. Estas prácticas han motivado múltiples denuncias y la apertura de expedientes informativos.
El informe de la CNMC incluye un voto particular del consejero Josep Maria Salas, quien, aunque apoya la decisión final, discrepa sobre la prohibición de llamadas no solicitadas. Considera que esta es una medida "extrema" que podría afectar negativamente al consumidor y sugiere que se evalúen alternativas menos restrictivas para proteger la competencia y otros derechos de los usuarios.