La Comisión Europea ha avisado a España y Portugal de que una eventual prórroga de la 'excepción ibérica' para rebajar la factura de la luz (que caduca el 31 de mayo) no podría ir más allá de diciembre de 2023. Bruselas descarta así de entrada la petición de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y su homólogo portugués, José Duarte Cordeiro, de que la extensión dure hasta finales de 2024 con el fin de dar seguridad y estabilidad a hogares y empresas.
Este es el mensaje que trasladó la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario y responsable de Competencia, Margrethe Vestager, a Ribera y Cordeiro durante la reunión a tres celebrada este miércoles en Bruselas. Un encuentro que suposo el pistoletazo de salida en las negociaciones para ampliar el mecanismo ibérico.
Vestager argumentó que el marco temporal para facilitar las ayudas públicas como respuesta al impacto de la guerra en Ucrania caduca en diciembre de 2023. En consecuencia, la prórroga del mecanismo ibérico tendría que atenerse a ese marco temporal, según explican fuentes del ministerio de Transición Ecológica. Eso si los técnicos de Bruselas dan luz verde a la extensión, algo que todavía no ha ocurrido.
La Comisión Europea ha eludido confirmar esta información y pone el énfasis en que no hay ninguna decisión tomada. "Estamos en contacto con las autoridades españolas y portuguesas y no podemos prejuzgar el calendario ni el resultado de estos contactos", ha dicho la portavoz de Competencia, Arianna Podesta.
¿Sería suficiente para España y Portugal una prórroga de seis meses? Según el ministerio de Transición Ecológica se plantearían dos posibles escenarios. El primero es que el marco temporal de ayudas por la guerra de Ucrania se amplíe a lo largo del año, lo que a su vez permitiría extender también el mecanismo ibérico.
La otra opción es que durante la presidencia española de la UE, en el segundo semestre de 2023, se alcance un acuerdo sobre la reforma del mercado eléctrico europeo. Esta es la solución estructural que viene reclamando el Gobierno de Pedro Sánchez desde hace meses, que haría innecesaria la prórroga de la excepción ibérica.
Sin embargo, es muy complicado que se cumpla el calendario de esta segunda opción. Bruselas ni siquiera ha lanzado la consulta pública para recabar la opinión de todos los interesados sobre la reforma del mercado eléctrico y no presentará propuestas legislativas hasta marzo. Y las grandes diferencias entre los Estados miembros suponen un gran escollo para un acuerdo rápido.
Durante la reunión del pasado miércoles, Ribera esgrimió el "éxito" de la 'excepción ibérica' y el gran ahorro que ha logrado en la factura de la luz como principal argumento para convencer a Vestager de que autorice su ampliación. Este mecanismo ha permitido ahorrar 4.577 millones de euros en la factura de la luz a hogares y empresas españoles desde junio de 2022 hasta el 8 de enero, según los datos que ha trasladado el ministerio de Transición Ecológica a Bruselas.
"La Comisión es muy consciente de las dificultades causadas por la actual crisis energética resultante del ataque injustificado de Rusia contra Ucrania y está dispuesta a evaluar urgentemente la compatibilidad de las medidas de emergencia en este contexto", ha dicho este viernes la portavoz de Vestager.
Ahora corresponde a los equipos técnicos de la Comisión analizar los argumentos y las cifras aportados por España y Portugal. Un trabajo previo que debe concluirse antes de que Madrid y Lisboa notifiquen formalmente a Bruselas la petición de prórroga. Todavía hay bastante tiempo, ya que la actual autorización no vence hasta el 31 de mayo.
Los líderes europeos dieron luz verde a la 'excepción ibérica' durante una cumbre celebrada a finales de marzo de 2022. Este mecanismo consiste en topar el precio del gas utilizado en la generación de electricidad, lo que se traduce en una rebaja inmediata del precio mayorista de la luz. La diferencia entre el precio de mercado y el precio topado se financia con un recargo en la factura.