El Gobierno aplaza el recargo a petroleras y gasistas para no encarecer aún más los carburantes y la tasa al CO2

El Gobierno ha dado marcha atrás en su decisión de aprobar este mes el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSEE), una medida que fue ideada para rebajar la factura eléctrica subiendo el precio de los combustibles y el gas. A la espera del Consejo de Ministros extraordinario de este sábado, en el que se anunciará una batería de medidas para ayudar a las familias con el coste de la factura energética, se ha decidido retrasar la puesta en marcha de este Fondo que iba a suponer un encarecimiento de los precios de los carburantes y el gas.

Y también retrasará, al menos hasta septiembre, la Ley de minoración del CO2, que se tramitaba en la Comisión de Transición Ecológica y con cuya aprobación el Gobierno preveía rebajar la factura de la luz.

El Congreso tenía previsto aprobar la próxima semana el FNSEE, una 'medida estrella' del Ministerio para la Transición Ecológica, que fue ideada antes de la crisis energética para impulsar la electrificación de la economía penalizando a otras fuentes de energía más contaminantes, como los hidrocarburos y el gas.

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Sin embargo, en un momento en el que el precio de la gasolina está por encima de los dos euros y en el que el Ejecutivo va a prolongar la subvención a los carburantes, se ha optado por la prudencia al retrasar su aprobación, según confirman a este periódico fuentes próximas a la Comisión de Transición Ecológica.

La aprobación inminente del FNSEE había sido objeto de duras críticas no solo por las empresas petroleras y gasitas. También se oponía la industria -en especial por la gasintensiva- por el impacto que esta decisión iba a tener en sus costes en un momento crítico como el actual.

La idea de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, con este fondo era repartir entre todo el sector de la energía la financiación de costes energéticos -entre otros, de las primas a las renovables- que hasta ahora eran sufragados por las eléctricas. Un recargo que iba a tener repercusión directa sobre los consumidores de gas, gasolina y diésel en un momento muy delicado para las economías domésticas, para la industria y para el transporte.

Para las empresas, la medida era, además, contradictoria en este momento por tratarse de un recargo en unos meses en los que se están subvencionando los costes de la gasolina entre petroleras y Gobierno y en el que también se ha intervenido el mercado mayorista de la luz con el llamado 'tope al gas'.

Dividendos al CO2

Esta semana se habían celebrado en la Comisión de Transición Ecológica las ponencias de ambas medidas y estaba prevista su aprobación para ser remitidas al Senado, con el objetivo de que pudieran aplicarse cuanto antes.

En tramitación desde el año pasado, el Gobierno estimaba que con estas dos medidas se abarataría la factura de la luz para un hogar en torno a un 15% y para una pyme cerca del 14%.

El denominado dividendo de carbono pasa por descontar unos 600 millones de euros anuales a las plantas no emisoras de CO2 (todas menos las centrales de gas y carbón) anteriores al 2003 por cobrar la energía de mercado como si tuviesen que comprar derechos de emisión, que se destinaría a reducir otros costes de la factura eléctrica.