El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha logrado este viernes que la Unión Europea autorice una solución específica y temporal para rebajar la factura eléctrica que se aplicará únicamente en España y Portugal. La excepción ibérica ha sido aceptada por todos los líderes europeos tras una jornada maratoniana de más de nueve horas de "intensos" debates, con un amago por parte del propio Sánchez de levantarse de la mesa.

Los socios europeos han asumido el argumento de Sánchez de que la Península Ibérica es una isla energética sin apenas interconexiones con el resto de Europa, lo que supone una doble penalización para España y Portugal. Los dos países no tienen acceso a los excedentes de electricidad de otros Estados miembros y siguen pagando precios muy altos, lo que se ha agravado por la guerra en Ucrania.

Por eso mismo, un arreglo a medida para España y Portugal no pondría en riesgo el mercado eléctrico europeo, ni tampoco los objetivos de la transción climática de la UE.

"La Península Ibérica tiene una situación muy especial. Allí la cesta energética tiene un alto porcentaje de renovables, lo que es muy bueno. Y tienen muy pocas interconexiones", ha indicado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, al término del Consejo Europeo.

"Por eso hemos acordado que es posible un tratamiento especial para la Península Ibérica, para que puedan hacer frente a su situación específica y gestionar los precios de la electricidad de la forma que hemos estado discutiendo en el Consejo", ha explicado Von der Leyen.

Las conclusiones aprobadas por unanimidad por los líderes de los Veintisiete no mencionan expresamente a España y Portugal, ni hablan de ninguna "excepción ibérica", pero sí recogen la tesis de la "isla energética".

"En el contexto actual de precios de la electricidad extremadamente elevados, la Comisión está dispuesta a evaluar de manera urgente la compatibilidad de las medidas temporales de emergencia en el mercado de la electricidad notificadas por los Estados miembros, incluidas las destinadas a mitigar el impacto de los precios de los combustibles fósiles en la producción de electricidad", señala el texto.

"Al evaluar dicha compatibilidad, la Comisión se asegurará, mediante un procedimiento acelerado, que se cumplen las siguientes condiciones: las medidas reducen los precios del mercado de la electricidad al contado para empresas y consumidores y no afectan las condiciones de los intercambios comerciales en una medida contraria al interés común", señalan los líderes europeos.

"En esta evaluación, se tendrá en cuenta la naturaleza temporal de las medidas y el nivel de interconectividad eléctrica con el mercado único de la electricidad", concluye la parte de las conclusiones consagrada a la Península Ibérica.

Un debate díficil

La solución que pretende poner en marcha España, con el visto bueno de Bruselas, consiste en subvencionar el gas que se utiliza en la producción de electricidad. Esto permitirá a las compañías que usan gas en la generación ofrecer su electricidad a un precio más bajo en el mercado mayorista. El resultado será, según Moncloa, una fuerte rebaja inmediata en la factura eléctrica.

La gran pregunta es cómo se financiarán estas subvenciones. El Gobierno de Sánchez sostiene que podría hacerse con un pequeño recargo en la factura o bien a través de los presupuestos.

El debate en el Consejo Europeo ha sido en todo caso muy difícil porque los Estados miembros están muy divididos sobre qué hacer para frenar la subida imparable del precio de la electricidad. Eso ha hecho imposible alcanzar un consenso para poner topes al precio del gas y de la electricidad en toda la UE, como pretendía inicialmente Sánchez.

Mientras que España, Portugal, Italia, Francia y Grecia reclaman fijar topes para el precio del gas y la electricidad; Alemania, Holanda y los nórdicos se oponen a cualquier intervención en el mercado con el argumento de que eso no garantica precios más bajos en el largo plazo y podría poner en riesgo la seguridad de suministro.

En lo que sí que ha habido un amplio acuerdo entre los Veintisiete es en la puesta en marcha de una plataforma para realizar compras conjuntas de gas. El objetivo es reforzar el poder de negociación frente a los proveedores mundiales, siguiendo el modelo de las vacunas contra la Covid-19. Una idea que también planteó originalmente el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los líderes europeos también han respaldado obligar por ley a que todos los almacenes de gas de la UE se llenen hasta el 80% antes del 1 de octubre, para poder hacer frente al próximo invierno con garantías. La proporción se aumentará al 90% a principios del año que viene.

La Unión Europea se ha compometido a acelerar su independencia respecto al gas procedente de Rusia, que ahora supone el 40% de las importaciones. Von der Leyen ha firmado un acuerdo con el presidente norteamericano, Joe Biden, con el que se compromete a comprar volúmenes fijos de gas natual licuado procedente de Estados Unidos al menos hasta 2030.

Pero Alemania ha rechazado la petición de Polonia y los bálticos de imponer un embargo energético inmediato a Moscú. Estos países alegan que el Kremlin utiliza el dinero que paga Europa para financiar la guerra contra Ucrania. El canciller Scholz ha replicado que un embargo inmediato haría más daño a Europa que a Rusia y hundiría al continente en la recesión.

Pese a los descuerdos insalvables entre los líderes europeos sobre la posibilidad de imponer topes al precio del gas y de la electricidad, Von der Leyen no se rinde. La presidenta ha anunciado que en mayo presentará nuevas opciones para reformar el mercado eléctrico europeo en el largo plazo. Unas propuestas que se basarán en el informe definitivo de la Agencia de Cooperación de los Reguadores de la Energía (ACER), cuya publicación está prevista para finales de abril.