Bruselas propone un sistema de compra conjunta de gas inservible para la crisis de precios de la energía

Nuevo jarro de agua fría a la cruzada del Gobierno de Pedro Sánchez para que la UE adopte medidas contundentes con el fin de frenar el alza de la luz. La Comisión Europea ha planteado formalmente este miércoles poner en marcha un sistema de compra conjunta de gas, que en teoría era una de las reivindicaciones estrella de España para abaratar la factura. Sin embargo, el plan de Bruselas tiene tantas condiciones y tanta letra pequeña que es totalmente inservible para crisis de precios como la actual, según admiten fuentes comunitarias.

La propuesta de España de crear una plataforma europea centralizada de compra de gas natural aparece por primera vez en una carta enviada a Bruselas el pasado septiembre por Nadia Calviño y Teresa Ribera. Las dos vicepresidentas argumentan que este instrumento serviría para aumentar el poder de negociación de la UE frente a proveedores como Rusia o Argelia y mitigar su exposición a las fluctuaciones del mercado. "Lo hemos hecho con bastante éxito con las vacunas y deberíamos reproducir este modelo", sostiene la carta.

A la petición del Gobierno de Sánchez se sumaron después otros Estados miembros como Francia, Italia, Polonia o Grecia. Otros países, como Alemania, han dejado claro desde el principio que no participarán en la compra conjunta de gas. Por su parte, la Comisión de Ursula von der Leyen siempre fue escéptica sobre la utilidad de este instrumento por los problemas logísticos que plantea: quién pagará los costes de la adquisición y el almacenamiento del gas o cómo se transportará el gas a las diferentes regiones de la UE.

Pese a todas estas dudas, el Ejecutivo comunitario ha cedido a las presiones de España y ha presentado este miércoles un marco legal que posibilitaría estas compras conjuntas. Sin embargo, el sistema tiene tantas restricciones que es improbable que se ponga nunca en práctica.

Para empezar, tendrá un carácter puramente voluntario, para los Estados miembros que deseen unir fuerzas. Eso, ya de entrada, deja fuera a los países descreídos como Alemania y reduce sustancialmente el poder de negociación de la UE. A diferencia de lo que ocurre con las vacunas, Bruselas no ejecutará las compras, sino que su papel se limitaría a verificar que se respetan las normas de competencia y de mercado interior y a facilitar el intercambio de buenas prácticas.

Situación de emergencia

Pero además, las reservas de gas adquiridas mediante la compra conjunta sólo podrán liberarse "como último recurso" en caso de "emergencia", según la propuesta de Bruselas. La emergencia se define como aquella situación de escasez de gas en la que algunos consumidores, hogares o empresas, se quedan sin suministros.

¿Puede definirse la actual situación de escalada imparable de precios del gas en toda la Unión Europea como emergencia? "No, afortunadamente no estamos ahí y esperamos no llegar a eso", responden fuentes comunitarias.

Por lo demás, el paquete de propuestas presentado este miércoles por la Comisión no incluye ninguna iniciativa para reformar el mercado eléctrico europeo. El Ejecutivo comunitario ignora una vez más la petición de España y Francia de desvincular el precio de la luz del precio del gas.

El informe preliminar encargado a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) concluye que las propuestas de Madrid y París conducirían a una fragmentación del mercado europeo, obstaculizarían la descarbonización del sistema y pondrían en riesgo la seguridad de suministro. Además, Berlín ha promovido un manifiesto conjunto con otros 8 países (Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Letonia y Holanda) en el que rechaza cualquier reforma en el sistema europeo de fijación de precios de la luz.

La crisis de precios de la electricidad volverá a discutirse en la cumbre de líderes europeos que se celebra este jueves en Bruselas, pero no se espera que salga ningún resultado de la reunión debido a la enorme brecha entre los Estados miembros. El debate quedará simplemente aplazado hasta que ACER presente su informe final, que está previsto para abril de 2022.