"Se trata de un tema muy complejo con posiciones muy diferentes. Ni siquiera hay acuerdo sobre las causas de la subida de precios", se justifican en Moncloa. Pese a su insistencia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha logrado arrancar a la UE ninguna medida nueva para rebajar la factura de la luz. El único resultado concreto de la delegación española en el Consejo Europeo que se celebra en Bruselas es volver a incluir la crisis energética en la agenda de la próxima cumbre de diciembre.

En su intervención ante el resto de líderes europeos, Sánchez se ha quejado de la lentitud de la reacción de la UE y ha reclamado "mayor ambición" y "urgencia". El presidente del Gobierno sostiene que la escalada imparable de la luz amenaza la competitividad de la economía europea. "El Gobierno de España está tomando muchas medidas a nivel nacional, pero necesitamos también del complemento europeo", ha explicado a su llegada a la reunión.

Las reivindicaciones de España siguen siendo las mismas: una reforma del sistema europeo de fijación de precios de la la luz, que ahora "está siendo distorsionado por la elevación del precio del gas"; una plataforma de compra conjunta de gas "para mejorar y aumentar el poder de negociación que podamos tener los Estados miembros"; y finalmente "vigilar muy de cerca cuál es la evolución de la especulación que se pueda estar produciendo en el mercado de derechos de emisión".

Sin embargo, estas exigencias no aparecen recogidas en las conclusiones del Consejo Europeo. Es más, los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 aseguran que la "caja de herramientas" que presentó la semana pasada la Comisión contiene "medidas útiles tanto a corto como a largo plazo" para amortiguar el alza de la luz. En realidad, Bruselas se limita a recomendar actuaciones nacionales como rebajas de impuestos y costes de red y ayudas a los hogares más vulnerables y omite cualquier iniciativa a escala de la UE, algo que para Sánchez es claramente insuficiente.

Eso sí, los líderes europeos le piden al equipo de Ursula von der Leyen que estudie el funcionamiento del mercado del gas y de la electricidad, así como del sistema de comercio de emisiones. "Posteriormente, la Comisión evaluará si ciertos comportamientos comerciales requieren una mayor acción regulatoria", apunta el texto si más concreciones. Bruselas tiene previsto presentar un informe preliminar en noviembre, aunque no habrá conclusiones definitivas hasta abril de 2022, un plazo que para la delegación española es excesivo.

En todo caso, Moncloa considera que estas conclusiones son "muy positivas" porque suponen que la crisis energética se mantendrá en el centro de la agenda de la UE durante las próximas semanas y meses. Una discusión que se ha iniciado a petición de España y que poco a poco va sumando aliados, explican fuentes gubernamentales. "Nos gustaría que fuéramos más rápido, pero estos son los tiempos de Bruselas", sostiene Sánchez.

¿Nuevos 'chalecos amarillos'?

El Gobierno considera que la UE sólo logrará mantener el respaldo de la ciudadanía a la transición climática si toma medidas contundentes para amortiguar la actual crisis de precios. De lo contrario, ve el riesgo de que surja un nuevo movimiento como el de los 'chalecos amarillos' en Francia o de que la escalada de la factura de la luz dé alas a partidos negacionistas radicales como Vox.

Francia, Italia, Portugal o Grecia se encuentran entre los países que apoyan las tesis españolas. "Es necesario afrontar este problema a un nivel más estructural con una intervención por parte de la Comisión Europea. Por ejemplo, puedo mencionar la posibilidad de compras conjuntas de gas por parte de la UE, pero también el incremento de la capacidad de almacenamiento para evitar distorsiones del mercado a corto plazo cuando se necesita más gas", ha dicho el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

Sin embargo, también son muchos los Estados miembros que han expresado su oposición a las demandas de Sánchez, en particular la reforma del mercado europeo de la electricidad. Una idea que rechaza la canciller Angela Merkel. "Creo que debemos reaccionar con prudencia, como estamos haciendo en Alemania. No debemos ignorar por completo al mercado sino más bien apostar por más mercado y, si es necesario, conceder medidas de apoyo social", sostiene la canciller. 

"Tenemos que mantener la cabeza fría en el debate sobre el aumento de los precios de la energía y no intervenir apresuradamente en los mercados", ha dicho el nuevo canciller austriaco, Alexander Schallenberg. "Espero que no cambiemos el diseño del mercado de la electricidad porque creo firmemente en los mercados", coincide la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. "La cuestión del precio de la energía debe resolverse principalmente a nivel nacional, pero no podemos tomar decisiones apresuradas que puedan causar perturbaciones", asegura la finlandesa Sanna Marin.

Polonia y Hungría han aprovechado el debate para reclamar a Bruselas que renuncie a las nuevas normas comunitarias para rebajar las emisiones de CO2, a las que culpan del encarecimiento de la luz, o al menos las aplace. Una solicitud que no ha sido secundada por el resto de Estados miembros, que consideran que la transición verde no es la responsable de la actual subida de precios.

El siguiente paso ahora será una nueva discusión a cargo de los ministros de Energía de la UE el próximo martes. Pero cualquier posible decisión se aplaza al menos hasta la cumbre de diciembre, cuando los líderes europeos esperan contar ya con los informes preliminares sobre el mercado eléctrico y sobre la posible especulación en el comercio de emisiones de CO2.