La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha adelantado la modificación del PVPC, la tarifa regulada que afecta a unos 10 millones de hogares, ante la escalada sin control de la factura de la luz. Ha sugerido que se debería evitar fijar el precio hasta ahora indexado por horas al mercado mayorista.
También ha pedido a las eléctricas empatía social ante el vaciado de los embalses producido en las últimas semanas. "Cuando las hidroeléctricas no tienen ni coste por materias primas, (el agua es gratis), ni pagan los derechos de emisión de CO2 porque no emiten gases contaminantes, no tiene sentido que sean quienes marquen el máximo de precios en el 60% de las horas del mercado diario marginalista", ha dicho Ribera.
"No es razonable de ninguna de las maneras que se haya vaciado hasta el 70% de los embalses en solo dos meses. Y mientras agradecimos la 'empatía social' mostrada por las compañías eléctricas durante el confinamiento y después, con la Transición Justa, creo que esta vez no ha sido así".
"Porque, aunque suene a broma, la empatía social cotiza en bolsa. Les recordamos que forma parte de los criterios sociales y de gobernanza que tanto preocupan a los accionistas", ha sentenciado.
"Confío en que este comportamiento se vaya corrigiendo, pero mientras tanto seguiremos con nuestras actuaciones bajo el marco del artículo 55 de la Ley de Aguas, para que se considere más importante el recurso ambiental con una incidencia en lo social, el uso del agua para su turbinado". Y ha recordado que le parece "un escándalo" lo ocurrido con el vaciado de los embalses.
Subidas del 25%
Ribera también ha reconocido que la factura de la luz se va a disparar un 25% este año frente a 2020, pero ha matizado que "por las circunstancias excepcionales de precios del año pasado" situándose en un promedio de 644 euros.
El año pasado fue de 512 euros, muy bajo en relación a los años anteriores. En 2019 se alcanzó un precio medio de 562 euros y en 2018 de 598.
Cambios en el PVPC
Ribera ha avanzado cambios en la tarifa regulada, el PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), para tratar de estabilizar la factura de la luz y ha descartado una intervención pública para fijar precios máximos o mínimos en el mercado mayorista, tal y como le demanda su socio de coalición, Unidas Podemos.
Así, Ribera ha subrayado que existe una "prohibición expresa" en el derecho comunitario para fijar precios en los mercados mayoristas, establecer precios máximos o mínimos y también la obligación de aplicar precios marginales.
"Este Gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario", ha zanjado la vicepresidenta tercera, que cree que "eso es lo peor que se puede hacer".
En todo caso, ha asegurado que el Gobierno dará "batalla política" en Bruselas para lograr mecanismos con los que rebajar la factura de electricidad a los consumidores, aún a costa de los beneficios de las compañías.
Solicitud en la UE
La ministra ha señalado que al Gobierno "necesita un modo de actuar previsible y seguro que no haga perder la confianza de los inversores, pero sobre todo, que no incida en costes económicos y sociales".
"Hay que evitar que se vuelva en contra de la industria del sector y de la economía del país", ha añadido.
Para explicar los altos precios de la luz, Ribera ha señalado tres elementos clave. "España cuenta con una interconexión menor que otros países miembros, y por tanto lo que diluye los momentos más convulsos en países como los nórdicos o los de Centroeuropa, no ocurre con el mercado ibérico (España y Portugal)".
"En segundo lugar, debemos revisar nuestro marco regulatorio y en tercer lugar, hay que buscar un diseño de la tarifa que beneficie a los consumidores. Somos sensibles a la demanda de las asociaciones de consumidores".
Aún así ha reconocido que la tarifa regulada, la que tienen unos 10 millones de hogares, sigue siendo la más barata de todas. "Es un 20% más barata que cualquiera de las de mercado libre".
Por todo ello, Ribera ha reiterado que "hemos solicitado en Bruselas que se entable un diálogo constructivo y que sirva para buscar una solución con equidad para todos los consumidores".
Minoración retributiva
El Gobierno descarta la creación de una empresa eléctrica pública, como propone Unidas Podemos. "No hay que olvidar los límites que existen en la regulación comunitaria y que no debemos sobrepasar".
Entre ellos, "la prohibición expresa de fijar precios en el mercado mayorista, deben formarse en función de la oferta y la demanda".
Tampoco se pueden establecer precios máximos y mínimos ni eliminar los precios marginales. "Es la quintaesencia de la política comunitaria energética. No se puede establecer un mercado que fije precios al margen, así como tampoco se puede discriminar las diferentes tecnologías".
Así que solo queda una opción: la minoración retributiva postmercado. "Hay que devolver al consumidor lo que vaya a la bolsa de beneficios de las eléctricas".
Medidas propuestas
En definitiva, Teresa Ribera asegura que hay margen para bajar el precio de la luz.
"La primera es que hay que achicar el espacio del mercado marginalista, algo que por otro lado llevamos haciendo estos tres años". Entre esas medidas está el impulso de la contratación a largo plazo bilateral (PPAs) con la creación del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, el autoconsumo, las comunidades energéticas, o la posibilidad de vender a la red el excedente.
"Pero vamos a intensificar el impulso en eficiencia energética, que tiene enormes beneficios económicos, industriales y sociales, y para ello, se destinarán más de 1.000 millones de euros".
También la puesta en marcha de mecanismos de mercado para controlar la entrada masiva e irresponsable de renovables. Se refiere la ministra a las subastas que este año sumarán más de 6.000 MW con la participación de los pequeños actores y con tramos específicos.
Otra más son los mecanismos de capacidad, "donde tendrán cabida los ciclos combinados y el almacenamiento y que impactará sobre los precios del mercado mayorista".
Y las otras dos medidas dependerán de la mayoría del Congreso. "No solo necesitamos un mercado eficaz que de seguridad a los inversores, necesitamos poner atención a los impactos sociales y ambientales".
Por eso pide su apoyo para sacar adelante dos leyes, la del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y la de los 'dividendos del CO2'".