Los ánimos en la fábrica de celulosa de Ence en Pontevedra están muy caldeados. Tanto es así que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reunió con representantes del comité de empresa de la factoría de ENCE para hablar del futuro de la planta. Pero ¿peligra su futuro?
Según fuentes conocedoras, se espera de manera inminente la sentencia de la Audiencia Nacional que determinará si se mantiene la prórroga que concedió en 2013 el entonces Gobierno del Partido Popular. De ser así, la fábrica podrá continuar funcionando otros 60 años más, es decir, hasta 2073. Una decisión que estaba vinculada a la ejecución de una serie de inversiones. Hasta la fecha ya ha invertido 132 millones de euros.
Sin embargo, la fábrica tiene otro frente abierto: el proyecto de la Ley de Cambio Climático que, según han confirmado a Invertia fuentes del Congreso, estará aprobada a lo largo del mes de abril. Su artículo 18 es el germen del conflicto porque, según un informe de la Xunta trasladado al Gobierno central, el artículo 18.4 es "frontalmente inconstitucional", además de determinar que este apartado de la norma y el 18.3 son "contrarios a la seguridad jurídica".
Indican, además, que es contrario al artículo 33.3 de la Constitución y que "afectaría a los derechos integrados de los afectados", pues se verían "privados anticipadamente de una concesión adquirida sin la correspondiente indemnización".
Textualmente, el artículo 18.4 señala que "los plazos de duración de los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre se computarán en todo caso desde su otorgamiento e incluirán todas sus prórrogas, de ser éstas posibles, sin superar los plazos máximos establecidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados en incumplimiento de lo previsto en este artículo".
Cierre de la fábrica
"Afecta a las concesiones que hay en la costa", señalan fuentes conocedoras. "Tal y como está redactado puede crear cierta duda de retroactividad".
Sin embargo, desde el Gobierno se ha recordado que este artículo 18 no afecta a la fábrica. La ministra Ribera subrayó, a la salida del encuentro con los trabajadores, que "rotundamente no depende de la Ley de Cambio Climático" y afirmó que "no hay ninguna instalación en Galicia ni en ningún otro sitio del litoral que se vea afectada por la Ley de Cambio Climático".
De hecho, la decisión en cuanto a la continuidad de la empresa en su ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre no depende de su Ministerio sino de un fallo que debe dictar la Audiencia Nacional. Un proceso judicial que se inició con tres recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación por la Defensa de la Ría contra la prórroga otorgada en 2016.
"Este artículo, que se aprobó por mayoría en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, recoge lo que dice la Ley de Costas de 2013", explica a Invertia fuentes del grupo parlamentario socialista.
"Además, lo que intenta es adaptarse a las consecuencias ya visibles del cambio climático como es el aumento del nivel del mar y, por tanto, a las zonas de Dominio Público Marítimo que están expuestas a inundaciones continuadas por esta causa".
400 empleos en peligro
El cierre sobrevuela sobre la planta de Ence. Primero porque podría haber una sentencia de la Audiencia Nacional favorable a los recursos, y segundo porque se teme que la ley de Cambio Climático ponga coto a su continuidad.
De ahí que se puedan perder unos 400 empleos directos y una fuente de riqueza industrial en la zona. Además, quedarían en el aire unos 400 millones que Ence se ha comprometido a invertir para continuar con la fábrica hasta 2073. "No se llevarían a término", explican las mismas fuentes.
Sin embargo, fuentes sindicales señalan que existen alternativas a la planta. "En Pontevedra hay un conflicto real entre la misma población. No hay que olvidar que está muy cerca Sanxenxo y la costa, y por tanto, es una zona muy turística, que desde hace 30 años están soportando el mal olor que despide la papelera".
"La propuesta que está encima de la mesa, y que Ence podría estudiar, es apostar por otro enclave, la comarca industrial de As Pontes, y la fabricación de viscosa sostenible, coincidiría con los objetivos de Transición Justa y se aprovecharían sinergias".
Fábrica de viscosa sostenible
Galicia ha presentado a los fondos NextGeneration un proyecto para construir una fábrica de viscosa para elaborar fibra textil llegada de los bosques gallegos, con una inversión aproximada de 950 millones de euros. Se basaría en la gestión sostenible y certificada para elaborar fibra textil homologada para cubrir las demandas de las multinacionales.
La fábrica de viscosa se convertiría, según ha dicho en numerosas ocasiones el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en un revulsivo para el sector forestal de Galicia al permitir la contratación de más de 1.000 personas en el contexto de la fábrica, 750 directos.
"El proceso de elaboración de viscosa, casi en todas sus etapas, es prácticamente el mismo que el de la celulosa. De esa manera, se podría buscar una alternativa sostenible, social, económica, laboral y ambiental para todos", concluyen las mismas fuentes sindicales.