La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que no ve ningún inconveniente a la opa de IMF, de la sociedad luxemburguesa Global InfraCo., del 22,69% de Naturgy. Sin embargo, pide al Gobierno que sus objeciones no sean un menoscabo a la competencia o un perjuicio a los accionistas minoritarios.

Así aparece recogido en su revista semanal núm. 925 de OCU Inversiones, donde se publica una valoración y consejos para los accionistas de Naturgy. 

La organización de consumidores considera que el anuncio de esta futura opa parcial ha puesto de nuevo en duda el papel del Gobierno en estas operaciones y la defensa de los pequeños accionistas.  En su opinión, sólo pretenden hacerse con el 22,69% de la energética española con lo que ni siquiera se convertiría en el mayor accionista de la compañía.

La citada sociedad luxemburguesa ha presentado el pasado viernes ante la CNMV la citada oferta y por tanto la operación quedará pendiente tanto del visto bueno de la CNMV como de otras autorizaciones administrativas. Una vez que se autorice, habrá por delante otro mes para decidir si se acepta o no.

OCU considera que no debería haber problema para que la operación saliese adelante. Ahora bien, espera que el Consejo de Ministros encuentre objeciones basadas sin un menoscabo a la competencia o un perjuicio a los accionistas minoritarios, la operación pudiese ser frenada basándose en razones ajenas a estar premisas. 

OCU recuerda que no sería la primera vez que ocurre algo así en España, ni en otros países de la UE. Un caso reciente de hace un par de semanas es el rechazo por parte del gobierno francés de la oferta de compra sobre Carrefour, lanzada por el grupo canadiense Alimentation Couche-Tard (ACT). Rechazo que el ministro de Asuntos Económicos galo hizo basándose en que la operación pondría en riesgo la seguridad alimentaria francesa. La consecuencia para sus accionistas es que la subida del 25% en el precio de la acción se ha volatilizado y ya cotiza por debajo del precio previo al anuncio de la fallida oferta.

La cuestión es que esta intervención estatal puede afectar a los intereses de los inversores minoritarios, si se aleja de razones objetivas para conceder la autorización.

Para OCU, el papel del Estado, una vez analizado que la operación no suponga un menoscabo de la competencia, no debiera ser inmiscuirse en el interés empresarial con la excusa del salvaguardar el interés general.

OCU explica que "la defensa de los criterios ASG en las inversiones, es decir las socialmente responsables, supone aceptar todas sus letras, desde la A de ambiental, pasando por la S de social hasta la G de buen gobierno corporativo". Dice que un buen gobierno cuyo principal pilar es el respeto a las decisiones de sus accionistas– grandes o pequeños – que son quienes deben tener el poder de decidir qué hacer con ella.

Por eso, anima al Estado a seguir velando por el interés de las familias que son pequeños accionistas de estas compañías promoviendo cambios normativos como, por ejemplo, en la ley de OPA, que en la actualidad no es nada proteccionista con los pequeños inversores por ejemplo, en casos de exclusión bursátil.