España se está convirtiendo, una vez más, en un país de dos velocidades. O de varias. En esta ocasión, en el desarrollo e instalación de nueva capacidad renovable. Porque cada comunidad autónoma está siguiendo su propio camino y de manera muy desigual, según se ha reflejado en el VII Foro Solar de UNEF. 

Muchas de ellas no han dibujado una hoja de ruta para 2030 y otras tienen objetivos mucho más ambiciosos que los presentados en el PNIEC.

Del primer grupo, destaca Cataluña, que en los últimos 10 años ha vivido una parálisis absoluta y apenas suma 1,5 GW en total en todo el territorio, pese a contar con una Ley de Cambio Climático propia desde 2017.

Oposición en Cataluña

"La situación en Cataluña siempre ha sido muy complicada por la oposición social que existe en determinados territorios a la instalación de grandes parques renovables", ha explicado Manel Torrent, director general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera de la Generalitat de Catalunya, durante el debate de UNEF.

"Incluso en algunos casos se está empezando a judicializar, aunque probablemente más por un intento de dilatar en el tiempo el proceso que por penalizar los proyectos presentados". Y ha añadido, "pero no podemos hacer la transición energética con fotovoltaica en los tejados. Necesitamos dar paso a los grandes parques".

Desde hace tres años, cuenta con una Ley de Cambio Climático con objetivos tan ambiciosos como 10.000 MW en 2030 (4 GW de fotovoltaica y 6 GW de eólica). "Ahora tenemos 1,5 GW entre todas las tecnologías", ha confirmado Torrent. Eso supone que en solo 10 años debería multiplicar casi por 10 lo que tiene hasta la fecha.

Por eso, propone que desde la Administración central se distribuyan unos "cupos" para que todas las comunidades autónomas puedan tener las mismas oportunidades de desarrollo renovable. 

Una posición que no compartía la consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, Olga García. "La madurez de nuestra industria renovable y de la instalación de nuevos parques es producto de una labor proactiva, donde nos acercamos a las empresas. Estamos recogiendo los frutos del trabajo empezado en 2015", ha dicho.

9,6 GW en Extremadura

De hecho, ha reconocido que, con fecha 23 de septiembre, de los 9.600 MW que han conseguido un punto de acceso y conexión solo han renunciado 1,1 MW. "Lo que demuestra que los promotores que han venido a Extremadura tienen proyectos reales bajo el brazo", ha sugerido la consejera. Y además, "representa el 20,4% del total de lo que se ha desplegado en toda España".

Hace justo un mes que se cumplía el primer hito del RD-Ley 23/2020. La normativa decía que todas las solicitudes concedidas por REE entre el 28 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2017 para conectar un parque renovable a la red podían recuperar los avales depositados sin ningún tipo de penalización.

Aun así, ha reconocido que Extremadura no cuenta con una ley de cambio climático específica porque "preferimos ser prudentes y seguir la estela de la ley que se apruebe a nivel estatal".

En el caso de la Comunidad Valenciana, los objetivos están claros, alcanzar los 6.000 MW para 2030, tal y como ha explicado Mireia Mollá Herrera, consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. En su proyecto de Ley de Cambio Climático, se compromete a aumentar la cuota de renovables de su mix energético en más de un 30%. 

"Contamos con un mapeo, un sistema que señala las zonas donde se pueden instalar proyectos eólicos, solares o de autoconsumo, para facilitar la labor a los promotores que quieran venir a nuestro territorio".

El objetivo es multiplicar por 16 la capacidad solar actual. "Estamos en la cola y no hay duda que tenemos mucho sol".  

Otras autonomías

Recorriendo la geografía del país, podría decirse que Navarra es uno de los más ambiciosos en sus objetivos climáticos, mientras que Andalucía y Baleares tienen sus propias leyes de cambio climático, coincidiendo en el tiempo con Cataluña.  

En el caso de Castilla-La Mancha y Cantabria, coinciden con Extremadura en esperar a que el Gobierno central apruebe la Ley. Tampoco Castilla y León y la Comunidad de Madrid han desarrollado ninguna ley, pero sí tienen estrategias al respecto. 

Y por último, La Rioja, Murcia, Asturias y Galicia ni siquiera han esbozado programa alguno.

UNEF, por su parte, señala que está llevando una campaña con todas las comunidades autónomas para que desarrollen sus leyes, inicien procesos de consulta con amplia participación pública, sean ambiciosos y concretos en cuanto a objetivos y plazos y faciliten el despliegue de la energía fotovoltaica.