Hace algo más de una semana, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lanzó la propuesta de topar los precios de alimentos básicos para combatir la inflación. Idea que se tuvo que transformar en una cesta de la compra a base de recomendaciones que ahora está muy cerca de fracasar por las complejidades legales, el escaso apoyo en el sector y el ruido político.

Basta con ceñirse a la propia cronología de los hechos. La primera gran oposición la encontró en el plano político y, más concretamente, en el ala socialista del Gobierno. Desde el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, hasta la de Defensa, Margarita Robles, mostraron su rechazo rotundo.

Después vino la del campo español que, al igual que el ministro de Agricultura, no estaba invitado a las reuniones. La principal preocupación de agricultores y ganaderos está en que sean ellos los que acaben pagando los acuerdos de precios con algunos productos e incluso que se llegue a incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria.

[La rebaja del IVA en Alemania, el ejemplo que los ‘súper’ exigen seguir frente a la cesta de la compra de Yolanda Díaz]

Así lo contaron a este medio las principales asociaciones agrarias tras la reunión de Yolanda Díaz el pasado jueves con Carrefour -única compañía en coger el guante de la ministra-. Precisamente, y tras ese encuentro, Yolanda Díaz dio a conocer su cesta de la compra “asequible y variada”. Una propuesta que no era una imposición, sino una recomendación.

Es decir, dejan a la buena fe de las grandes empresas asumir los costes de esa congelación o limitación de precios en determinados productos. Algo que, además, sería un incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Sin embargo, este plan tiene muchas lagunas y el campo no se fía.  

Del mismo modo, esa propuesta de cesta de la compra solo reclamaba el esfuerzo de las grandes distribuidoras y no al pequeño comercio. Pero en un intento de liberar a los pequeños comerciantes, la medida hace todo lo contrario. 

“De salir adelante, esta iniciativa atentaría directamente contra el comercio de proximidad al ejercer un efecto llamada sobre las personas consumidoras para comprar en las grandes cadenas en detrimento del comercio de proximidad, que no puede competir en márgenes ni asumir los costes”, advirtió en un comunicado la Confederación Española de Comercio (CEC).

Rechazo de los 'súper'

Pero el último gran jarro de agua fría para Yolanda Díaz llegó el lunes. La titular de Trabajo salió muy optimista de la reunión con las principales patronales de la distribución. Optimismo que tardaron muy poco en borrar los supermercados, que rechazaron de lleno la idea de crear una cesta de la compra. Consideran que “no es útil” y exigen otras medidas como rebajar el IVA. 

Para estos, el ejemplo a seguir es Alemania y no la Francia de Nicolas Sarkozy que en 2011 propuso una cesta de la compra parecida. En el espejo francés quiso buscar Yolanda Díaz el apoyo a su medida. Sin embargo, la misma supuso una drástica pérdida de confianza en el comportamiento del consumidor con un descenso en el consumo.

Legalidad

Pero más allá del rechazo sectorial y político, la vicepresidenta se ha encontrado con otras trabas. Desde que propuso topar precios, han sido muchas las voces que han cuestionado la legalidad de la medida. El primero de ellos fue el ministro de Agricultura.

Desde el mundo de la economía también se han pronunciado. Economistas como Javier Santacruz lo califican de “barbaridad desde el punto de vista jurídico e institucional”.

Cesta de la compra en un supermercado. Europa Press

La semana pasada la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió de que cualquier acuerdo entre operadores para fijar precios máximos en algunos alimentos está prohibido por ley. De hecho, alertó de que encarecerá más aún la cesta de la compra. 

En concreto, el artículo 13 de la ley de Ordenación del Comercio Minorista, en relación a la libertad de precios, establece que los precios de venta de los artículos serán libremente determinados y ofertados con carácter general de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de defensa de la libre y leal competencia.

No obstante, Díaz recalcó el pasado lunes que la propuesta no solo respeta el derecho de la competencia, sino que abunda en él, al tiempo que ha señalado que la Ley de Comercio cuenta con “excepciones” en esta materia.

Y lo cierto es que en el artículo 13 se detalla una excepción por la que “el Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos, así como someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa”. Esto podría llevarse a cabo si “se trata de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas”.

Excepción que puede servir para que Yolanda Díaz justifique su propuesta. A pesar de ello, el lunes insistió en que no pretenden limitar precios, sino dar recomendaciones a las grandes cadenas de supermercados. El problema es que estas no están por la voluntad de seguirlas.