PSOE y Unidas Podemos quieren aprobar garantías legales a las inspecciones a beneficiarios de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC). Y lo quieren hacer asegurando que los dueños de las explotaciones no puedan impedir el acceso a cualquier dependencia de la misma.

Según Europa Press, así consta en una de las enmiendas registradas por las formaciones que sustentan al Gobierno al proyecto de ley que regula los sistemas de gestión de la PAC.

Además de las obligaciones de colaboración en las labores de control y verificación, la enmienda explica que, cuando así lo requieran, "se podrá entrar en cualquier lugar, instalación o dependencia, finca, local de negocio y demás establecimientos" de la explotación, haya bienes o se desarrollen actividades sujetas a obligaciones.

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En el caso de que sea considerado domicilio, será exigible el consentimiento de su titular o una resolución judicial. El acuerdo de entrada deberá comunicarse previamente, con la identificación y alcance de bienes, actividades y documentación objeto de la inspección.

Otra de las modificaciones planteadas por los partidos de Gobierno es equiparar al alza el plazo de prescripción de las infracciones a cuatro años -era de tres años en el caso de las graves y de un año las leves- desde el día en que se hubiera cometido.

Otras modificaciones

PSOE y Unidas Podemos justifican la unificación para ajustarse tanto a la regla general de la Ley General de Subvenciones y el reglamento europeo, al ser infracciones cometidas con fondos europeos.

Finalmente, ambas formaciones buscan introducir como enmienda una modificación de la Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, con el fin de simplificar los requisitos para poder constituir entidades asociativas prioritarias.

Una modificación que justifican con el fin de ampliar en todo lo posible la implantación de esta figura "habida cuenta de los beneficiosos efectos que las mismas prestan a la estructuración articulada del sector".