Rebaja de impuestos y ayudas para plantas renovables: las medidas que los ‘súper’ piden para septiembre al Gobierno

El paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético aprobado en Consejo de Ministros la semana pasada ya está en vigor desde este miércoles. Se trata de medidas que han suscitado mucha polémica en el plano político, pero también empresarial. Por ello, algunos sectores ya están preparando otras medidas para proponer y consensuar con el Gobierno y que entren en la actualización del plan de ahorro en septiembre. 

En este sentido, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) ha sacado del cajón algunas que lleva demandando desde mayo, cuando la inflación, los elevados costes de las materias primas o la escasez de ellas agravadas por la guerra hizo que la situación fuera más insostenible. 

Entre estas propuestas destacan que se permita al sector de la distribución alimentaria acceder a subastas de generación -a las que actualmente acuden empresas eléctricas- y que se suspenda o limite temporalmente los impuestos ligados a emisiones.

[Bares y ‘súper’ cumplen de forma masiva el plan de ahorro energético, mientras el comercio lo hace con dudas]

También reclaman que se apoyen de manera urgente -con fondos NextGen u otros instrumentos- las posibilidades del sector para apoyar la implantación de plantas de generación de energías renovables en sus instalaciones logísticas o comerciales. 

En el marco regulatorio, el sector de la distribución alimentaria pide una rebaja del IVA en productos de alimentación y gran consumo para atender las necesidades de la población y poner en marcha una moratoria en la aplicación de impuestos especiales o tasas (impuesto gases fluorados, futura tasa hídrica, etc.). 

Asimismo, proponen aplazar la entrada en vigor de medidas regulatorias no fiscales especialmente gravosas para el sector en estos momentos, muy especialmente contra los envases de plástico. Como ejemplo de ello, hacen referencia a la futura prohibición de usar envases de plástico en frutas y verduras de menos de 1,5 kg.

Muchas de estas proposiciones también son apoyadas por otros sectores económicos que, de momento, están estudiando qué proponer al Gobierno. Tal es el caso de restaurantes y bares. El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, asegura que están preparando una batería de medidas para presentar en septiembre al Gobierno, aunque prefiere no desvelar ninguna por ahora.

Ayuda a la industria

Por otro lado, desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) defienden aumentar los mecanismos de apoyo para las industrias del gas y electro intensivas, tanto en el aumento del importe de las ayudas como en el número de sectores que pueden recibirlas. 

En este marco, les parece preocupante que "la cogeneración asociada a la industria haya tenido que parar el 60% de su actividad ante la falta de medidas de apoyo y el incremento del precio del gas cuando, precisamente, se trata de plantas eficientes que aportan competitividad a las industrias intensivas en energía". 

De la misma manera, en un momento de incertidumbre como el actual, reclaman seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma, evitando la proliferación de medidas que generen confusión y desconcierto entre las empresas. 

Negativa del comercio

Quien no tiene intención de hablar con el Gobierno es el comercio textil, el sector más crítico con las medidas del plan de ahorro. Desde un inicio han denunciado que estas políticas afectarían a las ventas y que muchas de ellas, como elevar la temperatura a 27 grados en verano o bajarla a 19 en invierno, no eran viables.

Varias personas en las puertas de una tienda, a 2 de agosto de 2022, en Madrid (España).

De hecho, tanto la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) como la Confederación Española de Comercio (CEC) se han quejado de que el Gobierno no haya consensuado las medidas de este primer plan energético con ellos, mientras que otras patronales si fueron consultadas.

La Confederación señaló que el Gobierno debería de haber contado con el consenso y aportaciones del pequeño comercio, antes que imponer unas medidas "de difícil aplicación, y que han provocado inseguridad jurídica, por su contradicción con otras normativas existentes".

Por este motivo, desde Acotex reconocen que no pedirán nada al Gobierno porque no hay interlocución con ellos.