Los supermercados tendrán que publicitar alimentos de temporada y fomentar la cocina de aprovechamiento

Acabar con el desperdicio alimentario es el principal objetivo del proyecto de Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario que ayer se aprobó en el Consejo de Ministros. Una ley que aglutina a toda la cadena alimentaria, con especial incidencia en supermercados, restaurantes y bares y que añade algunas novedades al anteproyecto presentado en octubre del año pasado. 

Entre ellas, las empresas de alimentación deberán exponer en lugar visible para las personas consumidoras propuestas de divulgación de las Administraciones competentes relativas a una mejor planificación de los menús, de sus compras, compra sostenible (tales como alimentos frescos, de temporada, locales o ecológicos). 

Asimismo, tendrán que promover la cocina de aprovechamiento, buenas prácticas de almacenamiento, la correcta interpretación de las fechas de caducidad y de consumo preferentemente, y reciclaje y materiales de envasado para sensibilizar al consumidor sobre estas cuestiones.

Los establecimientos de comercio al por menor deberán disponer de líneas de venta con productos feos, imperfectos o poco estéticos y promover el consumo de los productos de temporada, los de proximidad, los ecológicos. También se espera que incentiven la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, de acuerdo con la jerarquía de prioridades. 

Donaciones

Uno de los elementos importantes de la ley es la donación a los bancos de alimentos. Así, los agentes de la cadena deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. En estos acuerdos se deberán recoger de forma expresa las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos, entre otras cuestiones.

No obstante, el borrador del proyecto ley incluye algunas excepciones, como en las actividades de distribución alimentaria desarrolladas en establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público inferior o igual a 1.300 m2. Limitación que en el anteproyecto de octubre era de 400 m2.

Por otro lado, se añade la obligación a los operadores de la hostelería y restauración de facilitar una bolsa o una caja de forma gratuita para que el consumidor de sus establecimientos pueda llevarse la comida si no la termina y no vaya a la basura. 

Se libran de esto los formatos de servicio de bufé libre o similares donde la disponibilidad de comida no está limitada, así como informar de esta posibilidad de forma clara y visible en el propio establecimiento, preferentemente en la carta o el menú. 

A falta de conocer el texto definitivo, el director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo, se muestra optimista por añadir medidas para la donación y actuaciones concretas para empresas. Objetivos que comparten desde 2013 y que le llevan a asegurar que “el sector de la distribución es el que más reduce las pérdidas alimentarias”.

Sanciones

Además, las sanciones también son menores que en el anteproyecto que contemplaba una horquilla de 6.000 euros a un millón de euros. En el proyecto de ley van de los 2.000 euros para leves a los 500.000 euros para muy graves. 

Así, por ejemplo, se considerarán infracción leve la negativa a colaborar con las Administraciones Públicas para la cuantificación de los residuos de alimentos. Y como infracciones muy graves, sancionables con entre 60.001 y 500.000 euros de multa, se considerará la segunda o ulterior falta grave que se cometa en un plazo de dos años.

No obstante, desde Asedas lamentan que se haya puesto el énfasis en el régimen sancionador. 

Desperdicio 

Esta ley se hace para evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo.

Durante el año 2020, los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona. Estos datos suponen la pérdida de 250 euros por persona, según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Más del 80% del desperdicio corresponde a productos sin utilizar, que se desechan por deterioro. El mayor volumen de desperdicio corresponde a frutas, hortalizas y lácteos, que suman más del 50% del total de productos sin utilizar. Mientras que las recetas más desperdiciadas son las de legumbres, cocidos y sopas o purés.

A nivel global, la cifra es más alarmante. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que se desperdicia aproximadamente el 30% de los alimentos que se producen en el mundo, lo que equivale a unos 1.300 millones de toneladas anuales, y que casi la mitad de este despilfarro se produce en la fase de postcosecha y venta minorista.