El Congreso da luz verde a la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria y prohíbe la venta a pérdidas

El Congreso ha aprobado la reforma de la Ley de cadena alimentaria, que consagra la prohibición de la venta a pérdidas, y la ha enviado al Senado con los votos favorables del PSOE, Unidas Podemos, EH-Bidu, Compromís y Nueva Canarias. El PP, Vox, Ciudadanos y el PNV se han abstenido, mientras que Esquerra Republicana ha votado en contra.

La reforma, aprobada este miércoles en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, supone la trasposición de la directiva europea de prácticas comerciales desleales. Finalmente, recoge expresamente la prohibición de vender a pérdidas en todos los eslabones de la cadena, incluida la venta final, tras el acuerdo alcanzado a última hora por PSOE y Unidas Podemos.

El texto de la enmienda aprobada, al que ha tenido acceso Europa Press, obliga a cada operador a pagar un precio igual o superior al coste de producción e impide la venta final a un precio inferior al precio real de adquisición.

En las últimas semanas, el PSOE se había desmarcado de esta extensión, limitando la prohibición en venta final a los términos de venta desleal, según se establece en la Ley de Comercio Minorista. Finalmente, el acuerdo arrancado por el socio minoritario lo extiende a todos los eslabones, en línea de las reivindicaciones del sector.

Canal Horeca

Otras enmiendas aprobadas pasan por incluir al llamado canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) en el ámbito de aplicación de la ley, incluyendo a actividades de hostelería y restauración con un volumen de facturación superior a 10 millones de euros, y a partir de 50 millones en el caso a los servicios de alojamientos.

Para las grandes empresas de hostelería y restauración estas nuevas obligaciones derivadas de su inclusión en la Ley de la Cadena Alimentaria no serán de aplicación hasta el 1 de enero de 2023.

Costes efectivos

Sin embargo, las formaciones del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han perdido varias de las votaciones, logrando la oposición 'colar' enmiendas del PP, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PDeCAT o Nueva Canarias.

Uno de los cambios, por ejemplo, incluido a petición de ERC, PDeCAT, Junts y Compromís, acaba con la cláusula que obliga a expresar el reconocimiento de costes en los contratos.

Varios grupos habían alertado de que, en situaciones de debilidad, esta cláusula provocaba la indefensión del eslabón más débil, al no poder denunciar incumplimientos por haber sido forzado a asegurar que sus costes estaban cubiertos. También se acaba con la presunción de responsabilidad de los compradores a la hora asumir los costes efectivos en una operación.

Índices de precios

La oposición también ha incluido una enmienda para facultar al Observatorio de la Cadena Alimentaria a elaborar y actualizar periódicamente índices de precios y de costes de producción. Asimismo, se recogen determinadas garantías para la persona que denuncie incumplimientos, garantizando la confidencialidad del denunciante en todo momento, y presumiendo la confidencialidad de sus pruebas aportadas salvo que indique lo contrario.

El Gobierno también se ha dividido en votaciones, por ejemplo a la hora de aprobar una enmienda de Unidas Podemos, a la que el PSOE ha votado en contra, para precisar las obligaciones del operador que comercializa marcas propias y ajenas. Con ella, se precisa que este operador tendrá que evitar tratamientos desleales, prácticas contrarias a la libre competencia o actos de competencia desleal y publicidad ilícita.

En otra ocasión, el PSOE ha respaldado una enmienda del PP sobre los requisitos en el objeto de contrato, con la abstención de su socio, que después ha apoyado una enmienda de los 'populares' con sus propuestas para las infracciones por prácticas prohibidas o desleales.

Con el voto en contra, la oposición ha incluido otra enmienda del PP para que las asociaciones y organizaciones representativas de operadores sean titulares legítimos colectivos para poder denunciar a proveedores reacios a denunciar a sus clientes, y también habilitar a la autoridad competente a establecer medidas cautelares en caso de detectar "indicios claros de vulneración de alguno de los preceptos regulados" en la ley.

Plátano de Canarias

Por otro lado, el Congreso también ha aprobado una enmienda, impulsada por Nueva Canarias, para reconocer en la ley la singularidad del plátano canario, y que, a la hora de determinarse su coste efectivo, puedan computarse las ayudas directas o indirectas que perciba el productor de la explotación.

También permite computar como precio el precio medio de todas las ventas de plátano a todos los clientes en cada año natural y fijar el precio del producto en el contrato hasta una semana después del proceso de maduración en destino.

La enmienda se ha aprobado en contra del criterio del Gobierno, ya que PSOE y Unidas Podemos se han quedado solos, y su propuesta alternativa para reconocer esta singularidad, rechazada por la oposición en otra votación.

PSOE y PP

La portavoz del PP en la Comisión, Milagros Marcos, ha llamado al Gobierno a la reflexión cuando tantos sectores piden ser excluidos de esta regulación y ha criticado la falta de negociación del Ejecutivo. Asimismo, anticipa que habrá productos, como el aceite, que quedarán fuera de los mercados por las exigencias de la normativa, y también una mayor litigiosidad.

Sin embargo, el portavoz del PSOE ha asumido que vaya a haber litigiosidad, e incluso la ha celebrado, ya que supondrá "poner blanco sobre negro en la cadena": "¡Claro que va a haber litigiosidad! Lo peor es que no la hubiera", ha dicho, subrayando que la reforma permitirá a los productores "asociarse con fuerza" y exigir mejores condiciones al siguiente eslabón, y así sucesivamente.

Registro contratos

Por su parte, Isa Franco (Unidas Podemos) ha celebrado que la norma permita "dotar de capacidad negociadora" al productor, si bien ha lamentado aspectos no completados, como la regulación de la posición dominante o que la mediación no vaya a llevarse a cabo por instituciones públicas. Sí ha celebrado, en todo caso, la definición de los costes efectivos, la mejora en el registro de contratos, la nulidad del contrato en caso de fraude y que se afecten operaciones con operadores en países comunitarios.

Mari Carmen Martínez Granados, de Cs, no ve, por su parte, cumplido el objetivo de mejorar la anterior ley y proteger tanto al productor como al resto de eslabones de la cadena, ya que cree que los intentos de proteger a un eslabón provoca inseguridad jurídica a otros operadores.

"No se ha querido ser valiente", ha lamentado, por su parte, Joan Baldoví, que cree esta reforma una "oportunidad perdida" para poder ir más lejos en la protección del agricultor y, como ERC, ha avanzado que seguirá la batalla en el Senado para mejorar la ley con más enmiendas. Su homólogo en ERC, Xavier Eritjá, lamentaba que la ley no resolvía la posición de dominio en la cadena, renunciando así a proteger a los eslabones más débiles.