El Consejo de Ministros ha iniciado este martes la tramitación del anteproyecto de reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que permitirá que el Ministerio de Consumo pueda sancionar a empresas por fraudes e incumplimientos masivos y podrá interponer las multas correspondientes.

Entre estos incumplimientos se encuentra la reventa masiva de entradas. “Existen procesos automatizados que permiten reventas masivas que van a una entidad intermediaria distorsionando al sector y encareciendo el precio”, ha asegurado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

Un caso muy parecido al de los precios personalizados que encuentra el usuario en Internet. “Lo que hacemos con este anteproyecto es establecer cláusulas de transparencia para que sepan por qué está personalizado”, asegura.

Para defender esta nueva capacidad sancionadora que tendrá el Ministerio de Consumo, Garzón ha hecho referencia al dieselgate, en el que la marca automovilística alemana Volkswagen instaló un software para falsear las emisiones contaminantes de sus vehículos. Un hecho que desencadenó sanciones en todos los Estados a excepción de España. 

“Estamos desincentivando a que las empresas puedan cometer fraudes y abusos contras los consumidores”, ha destacado. Así, se va a sancionar a aquellas infracciones que tuvieran incidencias en varios estados o que se puedan producir fraudes o abusos en Internet. 

“Las sanciones serán proporcionales de hasta 1 millones de euros u ocho veces el beneficio ilícito o el 4% del beneficio anual de la empresa que cometan fraude a nivel europeo”, ha indicado.