La próxima semana arranca la batalla judicial entre el sector hostelero y el Gobierno. Un grupo cercano al millar de empresarios de la hostelería interpondrá una demanda colectiva ante el Tribunal Supremo (TS) contra el Ejecutivo y las comunidades autónomas por los daños y perjuicios soportados por el gremio desde el pasado 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. 

A principios de semana se presentará una primera demanda por parte del primer grupo de hosteleros y a finales de semana un segundo grupo hará lo mismo. Se trata de una demanda por daños y perjuicios por lucro cesante. 

“Se pedirán indemnizaciones para cada uno de los afectados que sean equivalentes al 75% de las pérdidas de 2020 en relación con la media aritmética de los años 2017, 2018 y 2019”, según detalla a Invertia Diego Solana, abogado y socio de Cremades & Calvo-Sotelo, que no descarta una actualización con las pérdidas de 2021. 

En total, la indemnización que solicitarán será de 62 millones de euros. Cifra que irá en aumento a medida que se sumen más demandantes. “Este grupo de hosteleros no piden que se levanten las restricciones. Aceptan la situación, pero si se les prohíbe trabajar tendrán que ser indemnizados”, señala el abogado. 

Pero ¿qué probabilidades tienen de ganar este tipo de demandas? Pues en este caso se amparan en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Este establece como disposición común a los tres estados que "quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes".

Se trata de una demanda sin precedentes y que se agarra a este artículo para ganar. “Creemos que hay caso y que la hostelería puede ser resarcida”, asegura el abogado, que detalla que el proceso judicial podría alargarse un año y medio y que no habrá sentencia hasta el último trimestre de 2022. 

Cabe recordar que detrás de esta demanda está el bufete Cremades & Calvo-Sotelo, experto en defender causas colectivas, como el caso de las preferentes de Bankia o el de la defensa de miles de afectados por el cierre del espacio aéreo tras la huelga de los controladores aéreos en 2010. 

Más hosteleros

El periodo de inscripción termina el próximo 14 de marzo, fecha en la que se cumple un año del estado de alarma decretado por el Gobierno de España. “Hacemos un llamamiento a que se sumen más hosteleros antes de que prescriba”, señala a Invertia Alfonso García (propietario de Casa Alfonso, en Barcelona), uno de los portavoces de la plataforma ‘La hostelería de todos’.

De hecho, hace tan solo una semana eran 700 hosteleros a los que día tras día se van sumando más hasta llegar actualmente a una cifra cercana al millar. “Cada día, la plataforma recibe unas 80 llamadas de afectados que quieren informarse”, señalan. 

Dentro de la demanda -ajena a las asociaciones de hosteleros- hay cafeterías, restaurantes, pubs y bares en general de todo el territorio nacional, así como la cadena de valor (proveedores o distribuidores, por ejemplo). Incluso también se incluyen aquellos que ya han quebrado. Cabe recordar que cerca de 85.000 establecimientos en este sector han echado el cierre desde que empezó la pandemia. 

Presión

Así, todos se unen con un objetivo común. “Se trata de generar presión contra el Gobierno para que nos ayude a sobrevivir”, reivindica otra de las portavoces de la plataforma, Begoña Freire (propietaria de restaurante Étimo, en Madrid).

Piden medidas como las aplicadas en otros países. Un ejemplo de ello es Alemania, que anunció el cierre de los bares pagando el 75% de lo facturado en noviembre de 2019. De ahí que hayan tomado como ejemplo este cálculo en su demanda. 

Aquí en España el Gobierno lanzó un plan para el turismo, comercio y hostelería que con un impacto de 4.220 millones de euros a través de medidas como rebajas de impuestos y las prórrogas del alquiler. Pero el propio sector calificó de “insuficiente” por no incluir ayudas más directas.