En Valencia hay una multinacional italosuiza que lleva cuatro años esperando a la administración pública para invertir 1.021 millones. Son los que corresponden al capital privado de la ampliación norte del Puerto de Valencia, de la que MSC es la virtual adjudicataria.

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) dio luz verde a culminar este proyecto en septiembre de 2019, pero el Gobierno de Pedro Sánchez no la ha adjudicado desde entonces. "Y el tiempo que nos queda", lamentan a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes portuarias.

El sector da por hecho que el Gobierno, mientras esté en funciones, "no va a mover un papel", ni mucho menos consignar los 542,7 millones de euros correspondientes a la inversión pública del proyecto. Teme además que una mayor "injerencia catalana" -si revalida el Ejecutivo con el respaldo de los independentistas catalanes- postergue todavía más la iniciativa.

[Podemos, Compromís, ERC y la CUP piden al Gobierno demoler la ampliación del Puerto de Valencia]

El soberanismo catalán no esconde su rechazo a la ampliación del puerto de Valencia. ERC y la CUP se posicionaron junto a Podemos y Compromís en contra del proyecto. Todo mientras la ampliación del puerto de Barcelona -el recinto rival al valenciano para captar los grandes tráficos- se desarrolla sin oposición social. Allí "no existe la polémica", como reconoció Gabriel Rufián, preguntado por este diario, en una de sus visitas a la Capital del Turia.

Frente a este eje contrario a la infraestructura, se encuentran ahora los renovados gobiernos de Carlos Mazón y María José Catalá en la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia. El PP, que ya tenía en la ampliación norte una de sus banderas, se enfrenta ahora al reto de desbloquearla desde el poder.

En esta línea, el presidente autonómico, según ha podido constatar este medio, ya ha elegido a la persona que presidirá el puerto. La misma asumirá desde su nombramiento una posición firme en defensa del desarrollo pendiente.

Historia de un rechazo

Los trámites para la creación del nuevo gran muelle se activaron con el único voto en contra del entonces alcalde de Valencia, Joan Ribó. Pareció un mero posicionamiento político, pero activó una escalada de oposición al proyecto, abanderada por Compromís y Podemos, que disparó el temor de los socialistas, incapaces de culminar el proceso desde entonces.

Las formaciones a la izquierda del PSOE se incorporaron al debate con la ampliación ya construida. El dique de abrigo de la misma se construyó en 2012 y costó 203 millones de euros. Su impacto en las playas del sur de la ciudad, en consecuencia, se produce desde esa fecha. Pero no fue hasta 2019, cuando MSC abanderó la construcción del muelle interior, cuando afloró la oposición a la infraestructura.

Ambos partidos, con la entonces vicepresidenta Mónica Oltra como máximo exponente contra el crecimiento del puerto valenciano, reclamaron una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), al considerar que la existente, que data de 2007, no se corresponde con el proyecto final de MSC.

La compañía, como se aprecia en la siguiente infografía, decidió disponer el muelle en la parte norte y no en la sur de las aguas interiores abrazadas por el nuevo dique.

El cambio responde a las nuevas dinámicas del transporte marítimo, que apuesta por los megabuques para cubrir los grandes trayectos marítimos. Estos navíos tienen menos capacidad de maniobra en el puerto y requieren muelles rectos y largos, como el ahora proyectado.

La modificación del proyecto en las aguas interiores fue el argumento utilizado para reclamar una nueva DIA, y la chispa que incendió la oposición de Compromís y Podemos. Las dos formaciones pasaron de no tener el asunto en su agenda cuando se construyó el dique en 2012 a llegar a solicitar su demolición en 2021 para devolver el recinto a su situación previa. Hay incluso dirigentes que rechazan de plano la actividad del Puerto de Valencia.

En marzo de 2022 parecieron disipadas las dudas, cuando el Gobierno de España autorizó la ampliación del Puerto de Valencia sin realizar una nueva declaración de impacto ambiental adicional a la realizada en 2007. 

Fue la APV quien comunicó que el Organismo Público Puertos del Estado (OPPE) -dependiente del entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-, había resuelto emitir un "informe favorable" sobre "el proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación norte del Puerto de Valencia". Tan solo reclamaba a la Autoridad Portuaria de Valencia "una certificación de que el proyecto no requiere someterse a un nuevo procedimiento ambiental".

Pero en diciembre del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspendió cautelarmente la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) al entender que la APV no debería decidir por sí misma sobre la necesidad o no de una nueva evaluación ambiental.

La oposición de la izquierda valenciana contrasta con la firme defensa de los trabajadores portuarios. MSC, tal y como reveló este periódico, alcanzó un acuerdo con todos los sindicatos de estibadores para la contratación de 550 trabajadores en la futura terminal automática.