La construcción es el sector que tiene la tasa de mora más alta. En concreto, se sitúa en el 8,5%. Son datos del informe ‘Evolución del crédito a empresas por sectores de actividad en España 2021’ elaborado por AIS Group. Y eso que, a diciembre de 2021, el saldo de créditos dudosos otorgados a constructoras cayó cerca de 250 millones de euros. De esta manera, queda ligeramente por encima de los 2.300 millones de euros.

Fruto de esta situación, entre otras, el crédito a las constructoras se redujo en 660 millones de euros durante el pasado año. Es decir, un 2,4% menos respecto al año anterior. El saldo de la cartera de crédito de este sector en 2021 fue de 27.235 millones de euros.

Si a ello unimos la subida de las materias primas, o la falta de mano de obra, el cóctel resultante es explosivo. Así, de enero a agosto, el número de disoluciones en el sector de la construcción llega a 3.187. Y, por lo que respecta a los concursos de acreedores, esa cifra se sitúa en 803.

Alto del podio

En los siete primeros meses del año, el número de disoluciones empresariales acaecidas en España fue de 19.919, según Iberinform con datos del BOE. La disolución es el acto jurídico mediante el cual la sociedad suspende el desarrollo de su actividad social. De esta manera, entra en el proceso para finiquitar su operación y llegar a la liquidación final. También puede suponer su fusión con otras, o su escisión.

Esas 19.919 disoluciones representan un 10% más que en el mismo periodo de 2021 cuando se situaron en 18.183. De todos los sectores, es construcción e inmobiliario el que acumula un mayor porcentaje. En concreto, el 24% del total (un 13% más que en el año anterior).

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En el caso concreto de la construcción, se han llegado a las ya citadas 3.187 disoluciones, que son el 16% del total. Se trata de un 11% más que de enero a agosto de 2021. En el sector inmobiliario, su 8,6% del total se traduce en 1.449 disoluciones (un crecimiento del 18%).

Por lo que respecta a la concursalidad, el número total en el tejido empresarial español fue de 4.226 (un 6% más que de enero a agosto de 2021). Entonces, esa cifra fue de 4.001. Y aquí, una vez más, construcción e inmobiliario ocupan lo más alto del podio (el 24% del total).

Construcción acapara el 19% (803 concursos) lo que supone un crecimiento del 22% respecto a idéntico periodo de 2021. Inmobiliario, por su parte, representa el 5% (215 concursos), que supone un incremento del 11%.

Según Iberinform, los crecimientos del mes de agosto (un 18% más respecto al mismo mes de 2021) ocurren tras el periodo excepcional de 17 meses de moratoria concursal decretado en marzo de 2020. Fue el pasado 30 de junio cuando finalizó la tercera, y última, de sus prórrogas. Por tanto, los acreedores recuperan su capacidad legal para solicitar la declaración concursal de un deudor. Y los empresarios en situación de insolvencia vuelven a estar obligados a solicitar la declaración concursal. Por tanto, se prevé un aumento de los procesos concursales en lo que queda de año.

Otros factores

Junto a la elevada morosidad, la subida de las materias primas también está afectando a la línea de flotación de las constructoras. Una situación que se acentuó tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Si el sobrecoste de las obras para las empresas constructoras antes del conflicto era del 22,2%, la guerra lo disparó hasta el 33,3%. Según Fomento, el coste de los materiales en mayo estaba un 38% por encima de los niveles de 2020.

Una situación que, según CBRE, podría estar cerca de alcanzar su máximo. Porque, de cara a los próximos meses, estima un descenso gradual. Según la firma de consultoría y servicios inmobiliarios, dicho ajuste se revertiría a un tercio del incremento registrado en los dos últimos años. Así, en 2025, se volverían a alcanzar los niveles de equilibrio a largo plazo.

Una obra parada. Pixabay

Si a todo lo anterior se añade la falta de mano de obra, el resultado es que muchas licitaciones públicas a las que podrían acudir las constructoras han quedado desiertas. En concreto, han sido un millar durante la primera mitad de 2022.

Una situación que el Gobierno quiso solventar mediante dos reales decretos que, sin embargo, no han funcionado. De ahí que Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) abogase por un tercer real decreto. Si no se hace, “seguirán muriendo empresas y destruyéndose empleo”.

Dos reales decretos que no han dado el resultado apetecido. “Son para un determinado tipo de obra, cuyo número es muy reducido. Más del 90% de las empresas no se someten a estos reales decretos, y no se aplica al 80% de las obras”, se lamentó Fernández Alén.