La licitación pública ejecutada por todos los organismos públicos de España llegó a los 2.327 millones de euros en enero. Se trata de un crecimiento del 70% respecto al mismo mes del año anterior.

Así se desprende de los datos elaborados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). Son las comunidades autónomas lideraron el crecimiento, con 1.341 millones de euros, un 266% más respecto al mismo mes de 2020. A continuación, los ayuntamientos, que licitaron un 17% más.

En el otro lado de la balanza, la administración general: las redujo un 25,4%. Tanto el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como el de Transición Ecológica y Reto Demográfico licitaron menos contratos que hace un año.

En concreto, el ministerio que dirige Teresa Ribera lanzó 13 millones de euros, apenas una décima parte que en enero del año pasado. Por su parte, el de Raquel Sánchez licitó un 16% menos, en torno a 268 millones de euros.

En este último Ministerio, a excepción de los puertos, que casi triplicaron su actividad licitadora, el resto de empresas públicas redujo sus licitaciones: Aena un 46%; la Dirección General de Carreteras, un 28%; y Adif otro 12%.

Comunidades autónomas

En cuanto a las Comunidades Autónomas, Madrid fue el principal licitador, con cerca de 800 millones de euros, casi 75 veces más. Le siguen Andalucía, con 132 millones, un 29% más. Murcia no licitó ningún contrato y Canarias y Baleares tan solo 1,3 y 1,1 millones de euros.

En términos porcentuales, tras Madrid, Asturias lideró las alzas (6.249%), seguida de Aragón (4.452%), La Rioja (980%), Castilla-La Mancha (662%), Castilla y León (521%), Galicia (465%), Comunidad Valenciana (237%), Baleares (118%), Navarra (84%), Canarias (82%), Andalucía (30%) y Cantabria (18%).

En el lado negativo se situaron, Murcia (-100%), Extremadura (-91%), País Vasco (-70%) y Cataluña (-14%).

Conviene recordar que, en España, y durante 2021, se quedaron desiertas casi 500 licitaciones públicas, superando su valor los 230 millones de euros. Son datos aportados por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

El Gobierno ha redactado el borrador de un real decreto ley para amortiguar el impacto que la subida de los precios de las materias primas está ocasionando en la obra pública española. Entre los puntos a destacar, dos: limitará al 20% del presupuesto cualquier posible compensación; y los contratistas deberán acreditar que el incremento de los materiales excede del 8% el importe certificado del contrato en 2021. Este límite no se tendrá en cuenta en los contratos en los que se pacte cualquier otra cifra, en todo caso normalmente limitada al 50% que marca la ley.