La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) alerta de que las licitaciones públicas que están quedando desiertas en España llegan a casi 500 y superan ya los 230 millones de euros. “Las cifras de licitaciones desiertas ponen de manifiesto la alarmante paralización de nuestro sector, que puede traducirse en un frenazo de la recuperación económica, teniendo en cuenta el peso en el PIB y el importante efecto tractor que tiene sobre otros sectores estratégicos”, afirma Pedro Fernández Alen, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
CNC denuncia que no se están adoptando las medidas oportunas por parte del Gobierno ante la escalada de los precios de materias primas, materiales o energía. Esta última lo ha hecho un 38%, la madera un 125%, o la piedra, el cobre y el acero, un 70%. Igualmente, critica la lenta tramitación burocrática de las ayudas, lo que agrava y frena la recuperación del tejido empresarial. Eso se traduce, además, en una pérdida de 7.700 empleos, según la última EPA.
La patronal del sector atribuye este agujero a unos precios desfasados, muy por debajo de la realidad del mercado que no recogen además el alza del coste de las materias primas. Ello está provocando una importante paralización de la obra pública en nuestro país. Asimismo, CNC advierte que, de no tener en cuenta en los proyectos que se liciten este encarecimiento y en los pliegos algún mecanismo de revisión de precios, se puede poner en peligro la recuperación económica del país. “Los contratos públicos no reflejan el precio real del mercado”, indica Fernández Alen.
Comunidades autónomas
Por comunides autónomas, y de esas casi 500 obras desiertas, el mayor número corresponde a Cataluña. El agujero es de 200 licitaciones por un valor de 50 millones de euros. Por número de licitaciones paralizadas, le seguirían Galicia (96) y 20,5 millones; Andalucía (46) y 35 millones; Comunidad Valenciana (32) y 25,9 millones; y País Vasco (24) y 9,4 millones. En Canarias, en cambio, no ha quedado ninguna obra desierta.
La obra licitada de mayor cuantía que ha quedado desierta asciende a 37 millones de euros (está en Asturias) y la cuantía media por obra pública desierta es de 475.000 euros. En total se han contabilizado 484 obras cuya ejecución se ha quedado sin empresas que la asuman. De ellas, 35 licitaciones (el 7%) tienen un presupuesto superior al millón de euros.
La patronal sostiene que este frenazo también afecta negativamente a la recuperación económica, tanto por la envergadura de las obras como por los miles de puestos de trabajo no creados debido al vacío empresarial. De esta manera, entre los centenares de proyectos que han quedado desiertos aparecen obras cuya parálisis impacta en la vida de millones de personas: centros educativos, carreteras, viaductos, líneas de alta velocidad, museos…
Según el estudio presentado por CNC en octubre pasado, el alza de precios de los materiales habría llevado a cuatro de cada diez empresas a cancelar o paralizar sus obras. Desde entonces, la situación a nivel global se ha agravado.
Frente a ello, CNC reitera la urgencia de establecer un sistema automático de reequilibrio de precios que permita hacer frente a ese sobrecoste y, por tanto, tenga en cuenta las alteraciones posteriores a la presentación de ofertas, tanto al alza como a la baja, buscando dotar de estabilidad a los contratos. En paralelo, pide introducir en los pliegos los precios de mercado, tal y como exige la Ley de Contratos del Sector Público, actualizando los que aparecen en proyectos anteriores a 2020, ya que los proyectos son antiguos y no recogen los precios actuales.
En caso de que se mantengan los precios antiguos, la patronal avisa de que las próximas licitaciones seguirán quedando desiertas, por lo que confía en que se incluyan cláusulas de revisión para que merezca la pena licitar. Sobre todo, teniendo en cuenta el desplome que ha sufrido la contratación pública desde la anterior crisis financiera. Así, CNC recuerda que en 2020 (14.521 millones) se licitó una tercera parte de los contratos que sacaron a concurso las distintas administraciones en 2006 (46.000 millones de euros).