La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Ferrovial y Sacyr al pago de 23 millones de euros a los fondos de inversión acreedores de la autopista R-4, una de las nueve vías de pago rescatadas por el Estado tras su quiebra durante la última gran crisis financiera.

Según informaron a fuentes financieras, este importe corresponde a los contratos de apoyo que ambas constructoras firmaron con los fondos, que incluían una serie de garantías de pago en caso de quiebra, que es lo que finalmente sucedió.

Una vez que entraron en concurso, las empresas recurrieron a los tribunales argumentando que estos contratos de apoyo no eran válidos, algo que también hicieron los fondos, quienes obtuvieron un fallo favorable del Tribunal Supremo defendiendo que estas firmas tienen la capacidad jurídica de exigir estas garantías.

De esta forma, la Audiencia Provincial de Madrid, siguiendo con esta jurisprudencia, dictaminó el pasado mes de octubre que estos contratos son válidos y Sacyr y Ferrovial deberán pagar 23 millones a los fondos acreedores, según adelanta 'Expansión'.

En concreto, Cintra, filial del grupo que preside Rafael del Pino, tendrá que desembolsar 15 millones de euros, mientras que Sacyr hará lo propio con 8 millones de euros.

Precedente

Esta sentencia, pese a que tiene que volver a ser confirmada por el Supremo, sienta precedente sobre el resto de obligaciones asumidas por las constructoras en lo referente a las garantías que firmaron en su día.

En concreto, los contratos de apoyo de las autopistas R-3 y R-5 alcanzan un valor total de 1.000 millones de euros, un importe al que podrían tener que hacer frente sus constructoras, ACS, Abertis y Sacyr.

Bajo la condición de ejes imprescindibles para el país, estas autpistas se construyeron durante la etapa de Gobierno de José María Aznar por iniciativa privada, aunque con garantías del Estado. Una vez que las autopistas quebraron, los bancos vendieron la deuda a los fondos de inversión, que se hicieron con su propiedad, aunque la gestión pasó a manos del Estado a través de Seittsa.

Por ello, el Gobierno está calculando ahora la Responsabilidad Patrimonial Reconocida de la Administración (RPA) de todas estas autopistas, que es el pago que el Estado debe realizar a los propietarios de las vías por la inversión realizada en su construcción y que aún no habían amortizado.

La última RPA calculada atribuyó un coste provisional de cero euros para la R-4, ya que el importe retenido por el Ejecutivo para hacer frente a futuros pagos es superior al del coste real de la infraestructura. La misma factura fue calculada para la R-3 y R-5.