En concreto, la dotación con la que contaba el banco a finales del año pasado para hacer frente a estas demandas se sitúa en unos seis millones de euros, según se desprende del informe financiero anual de la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri, expresidente también de Bankia.

Han pasado ya casi trece años desde que la ya desaparecida entidad salió a bolsa, un acontecimiento que derivó en un larguísimo proceso judicial y un voluminoso rescate al sector bancario.

[Bankia desaparece tras una década: del rescate y la polémica salida a bolsa al "sueño" de CaixaBank]

A lo largo de todo este tiempo, Bankia primero y CaixaBank después han tenido que enfrentarse a cientos de procesos judiciales abiertos tanto por familias como por institucionales que invirtieron en la salida a bolsa y perdieron su dinero. Un número que se ha reducido considerablemente tras trece años.

"En la actualidad se siguen tramitando, aunque en un número muy reducido, demandas en las que se solicita tanto la anulación de las compras de acciones en la oferta pública de suscripción llevada a cabo en 2011 con ocasión de la salida a bolsa de Bankia como las referidas a compras posteriores, si bien en relación con este último supuesto son reclamaciones residuales", señala CaixaBank en su informe financiero anual.

[Bankia: "La salida a bolsa no fue una buena idea, pero no es un delito"]

Además, el banco recuerda que en julio de 2016 se le notificó la presentación de una demanda colectiva por parte de Adicae, proceso que se mantiene actualmente en suspenso.

Lo cierto es que para los clientes particulares, la propia Bankia ideó un mecanismo extrajudicial que puso en marcha en febrero de 2016. El mismo facilitaba la devolución de la inversión más unos intereses equivalentes al 1% anual por el tiempo transcurrido desde la salida a bolsa y se podía solicitar en las sucursales del banco.

Institucionales

Gracias a este mecanismo se puso coto a cientos de demandas, si bien los procesos judiciales iniciados por empresas que invirtieron en la entidad llevaron más tiempo. Desde el banco siempre se defendió que los institucionales no tenían por qué reclamar por la salida a bolsa.

No obstante, hace casi tres años el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunció sobre este caso, después de que el Supremo elevase una cuestión prejudicial, y dictaminó que los inversores cualificados también podían exigir responsabilidades a Bankia por las inexactitudes contenidas en el folleto de información sobre su salida a bolsa.

José Ignacio Goirigolzarri y Gonzalo Gortázar, presidente y CEO de CaixaBank, respectivamente, durante la última presentación de resultados del banco, celebrada el pasado 2 de febrero. Biel Aliño Efe Valencia

Eso sí, el TJUE consideró que es el tribunal nacional el que tiene que valorar si el inversor tenía o debía tener conocimiento de la situación económica de Bankia cuando invirtió. "Los inversores cualificados, habida cuenta de su nivel de experiencia, normalmente tienen acceso a otros datos que pueden informar sus tomas de decisión", decía el alto tribunal.

Es por eso por lo que en el caso concreto al que correspondía la demanda, el Tribunal Supremo terminó considerando que no quedaba acreditado si el demandante tuvo acceso a otra información al margen del folleto, razón por la que estimó la demanda.

"No fue una buena idea"

Visto con perspectiva, hasta los máximos gestores de Bankia han terminado reconociendo que la salida a bolsa fue un error, aunque siempre han defendido que eso no significa que no se respetara la legalidad.

"No fue una buena idea, pero no es un delito", apuntaba hace unos años José Sevilla, en el momento consejero delegado de Bankia y actualmente presidente de Unicaja. "A toro pasado podemos decir que fue un error, pero hay una gran distancia entre un error y un delito", añadió el banquero.