Ante el magistrado Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo, Fraguas ha indicado que supondría un "importante grado de coacción difícilmente admisible" que el banco, que figura como investigado en esta causa judicial, tenga que autorizar levantar el deber de secreto de sus abogados, a lo que se ha negado.

Fue el Ministerio Fiscal el que solicitó al juez que citase este viernes al BBVA para consultarle si permitía que algunos de sus directivos declarasen en el Juzgado. Uno de ellos, María Jesús Arribas, directora global jurídica del banco, ya se había negado a declarar previamente, cuando fue citada por primera vez por el magistrado. De hecho, arguyó que había consultado a su Colegio de Abogados y este organismo le había confirmado que debía guardar el secreto profesional.

Por todo ello, Fraguas, este viernes, ha leído ante el juez un escrito que reza así: "Atendiendo a las alegaciones del Ministerio Fiscal, debemos subrayar que en ningún caso la colaboración puede suponer que se exija a la persona jurídica investigada que releve del deber de secreto a sus abogados, ni que renuncie al derecho a comunicarse con sus abogados o éstos con sus asistentes técnicos requiriéndole para que aporte las comunicaciones entre los mismos o el producto de su trabajo".

"Doctrina autorizada considera que no es admisible que, como condición de colaboración, se exija a la persona jurídica investigada tales renuncias, pues ello puede comportar un 'importante grado de coacción difícilmente admisible'", ha añadido, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes jurídicas presentes en la comparecencia.

"Semejantes renuncias no pueden convertirse en la vara de medir de la colaboración", ha reprochado Fraguas, antes de negarse, en nombre del banco, "a acceder a lo solicitado".

El banco figura como investigado en la pieza número 9 de las decenas que componen la macrocausa conocida como caso Villarejo. En ella, el magistrado investiga el encargo encomendado al excomisario de Policía José Manuel Villarejo de espiar, supuestamente, a Luis Del Rivero.

El objetivo habría sido el de frenar el intento por hacerse con el control del BBVA que Sacyr llevó a cabo entre diciembre de 2004 y febrero de 2005, cuando Francisco González, que también figura como investigado en esta pieza, era presidente de la entidad.

Tal y como ya publicó EL ESPAÑOL-Invertia, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la instancia superior al Juzgado, puso fin a esta investigación judicial, al tumbar la prórroga de la misma que había acordado García-Castellón y a la que se había opuesto el BBVA.

De hecho, este viernes, el representante legal del banco ha aludido a esta decisión. "Esta comparecencia es en sí misma una diligencia de investigación acordada ex novo y, por tanto, contraviene lo dictaminado taxativamente por (...) la Sala de lo Penal", ha indicado.

El pasado día 16, el actual presidente del BBVA acudió a declarar como testigo a la Audiencia Nacional. Sin embargo, dicha comparecencia quedó anulada, a efectos jurídicos, después de la que la Sala de lo Penal acortara la investigación, que llevaba abierta más de cinco años.