El próximo miércoles, el expresidente del Popular, Ángel Ron, está citado a declarar tras la admisión a trámite de dos querellas por un presunto delito de estafa a inversores e incumplimiento de los deberes de información en aquella operación.

En un primer momento, fue citado para el día 18 de octubre, pero acudirá, finalmente, el día posterior. La Audiencia Nacional le ha concedido retrasar su comparecencia, debido a problemas de agenda de sus abogados.

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Esta causa constituye un nuevo frente para Ron, que se suma a la investigación abierta en otro Juzgado de la Audiencia Nacional en la que el juez José Luis Calama indaga, desde hace ya cinco años, las presuntas irregularidades contables de la ampliación de capital que hizo el banco en 2016 y las filtraciones a la prensa que, en 2017, pudieron derivar en la resolución de la entidad.

En esta nueva causa, el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, se centrará en indagar qué ocurrió con una ampliación de capital bastante previa, la que se formalizó en 2012 para captar 2.500 millones de euros y se cerró con sobredemanda en diciembre de aquel año.

Para ello, además de a Ron, Pedraz ha citado a declarar al exvicepresidente del banco, Roberto Higuera, al auditor, José María Sanz, y a la consultora PWC (PriceWaterhouseCoopers). Todos ellos acudirán en calidad de querellados.

Con el fin de determinar qué ocurrió con la compra del Banco Pastor, será necesario volver a investigar el contexto del rescate financiero que el Gobierno de España formalizó con Bruselas en junio de 2012, tras la intervención de Bankia.

Compra del Pastor

Un año antes, en 2011, el Banco Sabadell se hacía con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y el Banco Popular absorbía el Pastor, una entidad gallega con más de 230 años de historia.

Ambas operaciones suponían un paso más dentro de la reordenación del sistema financiero español que inició el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la fusión de las cajas de ahorro. Un proceso que ha vivido su último episodio con Pedro Sánchez ya en el poder, con la absorción de Bankia por parte de CaixaBank.

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Dentro de esa reordenación, en octubre de 2011 y con el beneplácito del Banco de España, el Popular lanzó una OPA amistosa por el Pastor en la que se valoraba la entidad en 1.300 millones de euros, cifra que incluía un descuento del 25% del valor en libros del Pastor.

Aquella operación fue aprobada por más del 96% del capital del Pastor y la entidad pasó a estar controlada por el banco que presidía Ron.

A diferencia de lo que ocurrió con la compra de la CAM, la adquisición del banco gallego se cerró sin ayudas públicas. Pero eso no impidió que el Popular sufriera un contratiempo posterior. Primero, con las provisiones de los conocidos como los 'decretos Guindos' y después, cuando se publicaron los resultados del examen —un test de estrés— que el Gobierno español encargó a Oliver Wyman para analizar la salud del sistema financiero español.

Los 'decretos Guindos'

En noviembre de 2011, el PP llegaba al poder en España en un momento marcado por la desconfianza de los mercados en la economía del país y por las dudas sobre la sostenibilidad de su deuda pública y su sistema financiero.

Logotipo del Banco Popular en una imagen de archivo.

Poco después, en febrero de ese año, el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, aprobaba el Real Decreto-ley 2/2012, que después fue completado en mayo por el RDL 18/2012. Una normativa que obligó a la banca española a dotar decenas de miles de millones en provisiones vinculadas al ladrillo para sanearse.

A aquel esfuerzo, con impacto en la cuenta de resultados de las entidades, se sumó el impacto de la intervención de Bankia, que forzó al Gobierno a firmar un rescate blando con Bruselas en junio de 2012.

Examen de Oliver Wyman

Y fue en ese contexto en el que el Gobierno encargó un examen a Oliver Wyman, ideado para recuperar la confianza de los mercados financieros con un ejercicio de transparencia sobre la salud del sistema financiero español. Un test en el que se concluyó que la banca española necesitaba 59.300 millones de euros para sanearse y poder resistir al peor escenario económico que se pudiera contemplar.

De aquella cantidad, el Popular —con el Pastor ya integrado— necesitaba algo más de 3.200 millones de euros —prácticamente su valor en Bolsa— para recapitalizarse y estar preparado para afrontar ese eventual shock económico. 

Ampliación de capital

Sin recurrir a las ayudas públicas, la entidad presidida por Ron anunció una ampliación de capital para captar 2.500 millones de euros.  

A aquella operación, respaldada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y supervisada por el Banco de España, acudió todo el consejo del banco, que invirtió, en conjunto, 520 millones de euros.

En ese órgano de administración, además de Ron, estaban sentados accionistas como Allianz, Crédit Mutuel, la Sindicatura de Accionistas, el conocido inversor Américo Amorim o la Unión Europea de Inversiones.

Y pese a las dificultades que atravesaba la banca internacional en aquellos años, la ampliación se cerró tras recibir una sobredemanda del 83,36% de las acciones previstas para la colocación. Así, un 50% —1.260 millones de euros— se colocó entre minoristas, un 23% se quedó en manos del consejo y el resto, entre inversores institucionales; muchos de ellos, extranjeros.

El 'caso Popular'

Ahora, esa operación será investigada por la Audiencia Nacional, junto con la compra del Banco Pastor, siendo previsible que la línea de defensa de los acusados deba hacer un repaso a aquellos acontecimientos que se sucedieron en un tiempo tan turbulento para la economía española.

El Banco Santander compró el Popular, cuando éste se declaró en quiebra en 2017, por un euro y una ampliación de capital posterior de 7.000 millones.

No obstante, en el auto en el que admitía a trámite la segunda de las dos querellas, Pedraz aclaraba que ha de "excluirse al Santander como responsable penal, al que las partes querellantes consideran responsable como sucesor del Popular".

Pero el magistrado dejaba la puerta abierta que, a lo largo del proceso, la entidad que preside Ana Botín pudiera ser considerada como responsable civil subsidiario.

A pesar de algunas coincidencias, las causas que instruyen Pedraz y Calama son distintas. La investigación del Juzgado Central de Instrucción número 4, el llamado caso Popular, se centra, desde hace un lustro, en las causas que llevaron al sexto banco más importante del mercado español a desaparecer por la intervención de la Junta Única de Resolución (JUR), que también ha tenido que declarar en este proceso.

Del caso Popular existen dos piezas separadas. La primera afecta a la presidencia de la entidad por parte de Ángel Ron, durante la cual se produjo la ampliación de capital. La segunda indaga en los 108 días que Emilio Saracho estuvo al frente de la institución por un posible delito de manipulación del mercado para hacer caer el valor de la cotización.

En un auto avanzado por EL ESPAÑOL-Invertia, el juez Calama acordó el pasado julio ampliar la instrucción de esta causa hasta enero de 2023, dado el carácter "extraordinariamente complejo" de la investigación.