Nadia Calviño trata de tender puentes con la banca tras el anuncio de un 'impuestazo' al sector financiero. La vicepresidenta primera se reunía este viernes con los 'jefes' de los bancos y, según fuentes conocedoras, su tono era mucho más "conciliador" que el que ha venido manteniendo en las últimas semanas el Gobierno. Sin embargo, el esfuerzo ha sido infructuoso. Banca y Gobierno siguen enfrentados. 

Durante la cita los representantes de la banca aspiraban a tener alguna indicación de cuáles iban a ser los criterios de la nueva tasa. No hubo detalles. Al revés. Calviño remitía a Hacienda. Y allí, como explicaba en EL ESPAÑOL María Jesús Montero, sostienen que "los primeros en conocerlo serán los socios de Unidas Podemos". 

Todo un jarro de agua fría para un sector que aspiraba a convencer al Gobierno de la necesidad de negociar para evitar daños sobre la economía y la solvencia financiera. ¿La respuesta? Si todo va bien se presentará esta semana como iniciativa parlamentaria. 

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Así que, en rueda de prensa, Calviño recordaba que "se articulará en trámite parlamentario y en ese proceso se incorporarán las mejoras adecuadas" para "lograr el objetivo de recaudación, defender los intereses de los clientes y la solvencia de las entidades financieras". 

En definitiva, empujaba a la banca a buscar apoyos políticos en el Parlamento para intentar matizar la nueva figura impositiva. No es de extrañar que horas después de la cita en los despachos de algún banco se diera por hecho que tocaba empezar a hacer lobby en el Congreso de los Diputados para minimizar los daños. 

"Es una cuestión política, electoralista", comentan las fuentes consultadas. Eso es lo que explica, a su juicio, la cerrazón del Gobierno a escuchar los argumentos del sector financiero. "Lo que pretenden es sorber y soplar al mismo tiempo", dice otro directivo, "un impuesto que no se traslade al cliente, no dañe a la solvencia y no restrinja los préstamos no existe", insiste.

Calviño, al igual que el conjunto del Gobierno, desoye también las recomendaciones del Banco Central Europeo que el propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, trasladó durante la reunión: "El nuevo impuesto no debe restringir el crédito ni dañar la solvencia".

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En la reunión con Calviño estuvieron presentes los principales representantes del sector encabezados por José Antonio Álvarez, CEO del Santander; Carlos Torres, presidente del BBVA; José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank y Josep Oliu, presidente del Sabadell. Junto a ellos las asociaciones AEB y CECA, así como Pablo Hernández de Cos, entre otros. 

¿Por qué un impuesto a los bancos? Era la pregunta que le trasladaron de forma permanente los representantes del sector. La respuesta es conocida. La banca no se ve afectada por la subida de los precios energéticos, la subida de los tipos tendrá un impacto positivo en sus cuentas, el efecto de la recuperación económica les va a permitir obtener mayores beneficios y las ganancias que les reportarán los intereses cobrados a través de los préstamos ICO. 

Argumentos que no compartía ninguno de los allí presentes. En tono sosegado pero firme, uno a uno fueron exponiendo a Calviño que el Gobierno se equivoca en su decisión. Unas exposiciones que resumía al término del encuentro la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán: "No contendrá la inflación, no ayudará a crear empleo ni facilitará que los bancos contribuyan [a la recuperación] aportando crédito a empresas y familias". 

Pero Calviño, al parecer, volvía una y otra vez sobre sus argumentos y les instaba a arrimar el hombro para ayudar al Estado a asumir los costes de las medidas aprobadas para luchar con los efectos de la inflación. En total, 30.000 millones de euros, según datos del propio Ejecutivo. 

La respuesta de los banqueros fue clara. Están dispuestos a contribuir y ayudar. Incluso, sostuvieron, a pagar más impuestos siempre que se haga de forma lógica. Es decir, negociando con ellos y buscando la manera de que tenga el menor impacto posible en sus balances y su solvencia. 

Recordaron el impacto reputacional que tiene el hecho de que un Gobierno anuncie en el Congreso de los Diputados un impuesto a un sector sin motivo racional. "Esto tiene consecuencias en términos de confianza y se acaba pagando", sostienen las fuentes consultadas. Algo que, sin embargo, niegan desde el Ejecutivo. 

Los últimos informes conocidos, en cambio, dicen lo contrario. Desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE) se presentaba esta semana un informe en el que se aseguraba que el impuesto sobre bancos y energéticas tendrá un impacto contractivo de la actividad económica de 5.000 millones de euros. 

Además, explican, puede haber una pérdida de 72.000 puestos de trabajo ya que los efectos del impuesto se extenderán al resto de sectores una vez que la contracción del crédito se materialice.