El BCE y los peritos del Banco de España chocan por las inspecciones sobre la 'trama de Luxemburgo' del Popular

No está siendo fácil para el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, terminar la instrucción del 'caso Popular'. Pero el magistrado sigue adelante con la causa y las últimas novedades sobre uno de los frentes que tiene abiertos este proceso -el de las operaciones del banco con sociedades en Luxemburgo- han aflorado un desencuentro entre el Banco Central Europeo (BCE) y los peritos del Banco de España.

Este martes, el mismo día en el que se difundió un informe pericial de la institución española, uno de los inspectores del BCE, Ignacio Pardo, acudió a prestar declaración a la Audiencia Nacional.

Pardo explicó al magistrado que a finales de 2014 el Banco Popular no tenía nada pendiente de calificar o de aprovisionar de acuerdo con los requerimientos del BCE, según cuentan a este periódico fuentes con acceso a su declaración.

Esta afirmación contradice la visión de los peritos del Banco de España. En su informe -al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia-, señalan que el Banco Popular tenía pendiente de provisionar 521 millones de euros desde 2012 en las operaciones con Thesan Capital.

Esta firma era un vehículo de inversión especializado en rescatar empresas y a través de sociedades radicadas en Luxemburgo se hizo cargo de compañías en apuros a las que el Popular había financiado. Los peritos aluden a las inspecciones que se hicieron desde el supervisor con sede en Fráncfort al banco español sobre esta operativa.

De hecho, señalan que el BCE conocía la existencia de la estructura diseñada por el Popular con Thesan y hacen mención expresa a algunas diferencias de criterio del Banco de España con determinados puntos de la inspección que efectuó el supervisor europeo.

"En los papeles de trabajo de las inspecciones realizadas por el BCE aparece información sobre la participación de Thesan", apuntan los peritos en alusión a uno de los proyectos de esta sociedad que tenía fondos en Luxemburgo. 

Este énfasis de los peritos del Banco de España sobre el conocimiento de esta sociedad por parte del BCE contrasta con lo que explicó Pardo al juez. Calama le preguntó si este tipo de estructuras eran poco habituales en el mundo de la banca. Y Pardo respondió que es habitual que las entidades financieras cuenten con este tipo de estructuras para la gestión de operaciones compejas.

Según el inspector, el BCE analizó la calidad de los activos del Popular, con ayuda de KPMG y Deloitte, para concluir que el banco había atendido a todos los requerimientos que se le habían hecho. Pardo aseguró que no incumplió con los ratios regulatorios de solvencia o liquidez, ya que todo estaba en orden en 2014 (año en el que se realizó su primera ampliación de capital). 

El papel del auditor

El papel de los auditores en el caso está siendo analizado por el juez. De hecho, según explican los peritos Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo en el citado informe, las operaciones del Popular que no habían sido provisionadas tenían que haber estado presentes en la información compartida entre la cúpula del Popular -en aquellos años presidida por Ángel Ron- y su auditor, que era PwC.

Los peritos consideran que los encargados de su auditoría habrían sido conscientes de la existencia de una morosidad no aflorada por el banco desde 2012.

"Popular solo redujo significativamente ese déficit en 2016, por lo que estimamos se precisaría una salvedad en los informes de auditoría hasta este año, al ser el déficit muy superior al importe establecido a efectos de valorar la materialidad de los ajustes", exponen. Según sus datos, en 2015 la materialidad fue 127 millones de euros frente a un déficit estimado en ese ejercicio de 464 millones de euros.

Además, aluden al papel expreso de PwC y de la Comisión de Auditoría en algunos de los puntos del informe.

"Aunque no nos es posible conocer toda la información que se facilitó al auditor externo, es destacable que, además de la participación en la Comisión de Auditoría, los papeles de trabajo de la auditoría de 2015 evidenciaban la incorrecta clasificación de la inversión crediticia por el Banco Popular".

"El auditor concluyó que el acreditado no necesitaba provisión, algo que consideramos no se ajustaba a lo requerido por la normativa sobre todo a la vista de las evidencias de la significativa menor valoración de los activos", apuntan los peritos sobre uno de los proyectos.

El análisis pericial

El citado informe pericial es el segundo de los incorporados a la causa y los inspectores del Banco de España designados judicialmente para el caso analizan en él uno a uno los cinco proyectos en los que intermedió Thesan Capital.

Según acreditan los peritos, Popular habría financiado a través de Thesan Capital a sociedades con sede en Luxemburgo para que se hicieran con participaciones de algunas empresas clientes del banco con problemas financieros, una fórmula considerablemente compleja a través de la que les ofrecía refinanciaciones. Esta estructura permitía, además, a Thesan tener el control sobre el consejo de administración y la junta de accionistas de la empresa 'rescatada'.

A lo largo de las 98 páginas que tiene el documento, los inspectores de Banco de España analizan al detalle las operaciones efectuadas por estas sociedades y registradas en las cuentas de Popular, con sus correspondientes déficits de provisiones.

Los peritos consideran que estas operaciones debían haberse clasificado como dudosas desde 2012, pero no se hizo así. De haberlo hecho, Popular habría tenido que reconocer 876 millones de euros más de morosidad, por lo que acumulaba un déficit de provisiones de unos 521 millones.

Las autoridades europeas

La declaración de Pardo terminará el próximo jueves. Ese día también acudirá a la Audiencia Nacional Carlo Giorgis, que también fue responsable de supervisar la entidad.

Estos dos supervisores han acudido a declarar con más retraso de lo que hubiera gustado al juez, dado que se ha tenido que esperar a que se retirara el deber de secreto por parte de las autoridades europeas para que pudieran colaborar con la justicia española.

También con la Junta Única de Resolución (JUR) hubo algunas complicaciones para que testificara ante Calama. Y de hecho, como publicó este periódico, tras el paso de su presidenta, Ekle König, por la sala la JUR pidió poder revisar su declaración aludiendo a un posible conflicto con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al que también ha llegado este caso.